Plataforma per la Llengua, que se autodenomina la «ONG del catalán», lejos de fomentar la convivencia lingüística, parece empeñada en fiscalizar el uso social, cultural, empresarial o educativo de la lengua castellana como si fuera un delito, alimentando la crispación social y el victimismo identitario. Esta asociación separatista sido denunciada en repetidas ocasiones por prácticas más que cuestionables.
En 2019, admitieron haber espiado a niños en los patios de colegio para comprobar si hablaban catalán, un acto que indignó a padres y docentes, dado que lo hicieron sin su conocimiento. Sin embargo, esta entidad no se arrepintió porque considera que todo vale si el objetivo es imponer su visión monolingüe de la sociedad catalana.
Su activismo separatista ha facilitado que reciba jugosas subvenciones de la Generalitat de Cataluña y del resto de administraciones controladas por el separatismo y los socialistas. Más que una ONG, muchos la consideran una herramienta institucional disfrazada de sociedad civil, encargada de presionar a empresas, ciudadanos y administraciones para que se plieguen a su cruzada lingüística. Y mientras tanto, los problemas reales de los ciudadanos —sanidad, vivienda, seguridad— pasan a un segundo plano.
En lugar de promover el catalán como una riqueza compartida, lo usan como una herramienta de ingeniería social. Cualquier uso del castellano en la esfera pública es considerado una amenaza que debe ser neutralizada. Esa obsesión por «vigilar» los comercios, hospitales y escuelas ha generado un clima de miedo y autocensura, especialmente entre los castellanohablantes. Los linchamientos en redes sociales son continuos, así como los señalamientos de comerciantes, camareros, dependientes, médicos, hosteleros y un largo etcétera de afectados por la persecución lingüística.
Plataforma per la Llengua también señala públicamente a empresas que no rotulan en catalán, en una especie de «listas negras» que recuerdan más a prácticas totalitarias que a la promoción cultural. Esa presión constante sobre el tejido económico solo logra generar división entre catalanes.
Además, sus campañas se basan en una narrativa puramente victimista, donde el catalán estaría supuestamente «perseguido» incluso en Cataluña, donde goza de protección legal y un estatus privilegiado. Esta exageración busca justificar medidas cada vez más agresivas, como imponer el 100% de la enseñanza en catalán sin tener en cuenta las sentencias judiciales ni los derechos de los padres.
Lejos de fomentar el bilingüismo o el respeto mutuo, la Plataforma per la Llengua se ha convertido en un actor político más, con una agenda marcada por el secesionismo y una visión excluyente de la identidad catalana. En vez de tender puentes, levantan muros lingüísticos que fracturan a la sociedad. El catalán es patrimonio de todos los españoles y debe ser defendido desde la libertad, no desde la imposición. Convertirlo en un arma política solo perjudica a la lengua que dicen proteger.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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