La organización agraria JARC ha afirmado que los empresarios del sector hortofrutícola no pueden asumir las bajas que se puedan ocasionar por contagio por COVID-19 durante la recogida de la cosecha como si fueran un accidente laboral, y piden que sean consideradas como enfermedad común.
El responsable sectorial del sector de la Fruta Dulce de JARC, David Borda, ha asegurado que «no se puede establecer con seguridad que el origen del contagio sea el puesto de trabajo».
Argumenta que el contagio del trabajador agrícola podría haberse producido antes o con el contacto con otras personas en su domicilio.
Un contagio de coronavirus, según Borda, implica que en una explotación el resto de la plantilla se tiene que poner en cuarentena, por lo que el agricultor se quedará sin personal para continuar con la cosecha, ante la escasez de mano de obra por el confinamiento.
Por eso exige que Agroseguro, con el apoyo del Gobierno de España o la Generalitat, indemnice con un 70% el valor de la producción no recolectada, en caso de bajas en la plantilla de trabajadores por contagio del COVID-19.
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