En los llamados ‘plenos de la vergüenza’ celebrados en el Parlament el 6 y el 7 de septiembre de 2017 los partidos secesionistas, PDeCAT, ERC y CUP, decidieron laminar los derechos de los partidos políticos de la oposición, que representaban a más de la mitad del electorado catalán, con la aprobación, violando de manera sistemática tanto el marco legislativo catalán como el de toda España.
En esos funestos días se aprobaron la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad, en unos plenos sin garantías jurídicas, con continuos avisos de los letrados de la cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias a los partidos secesionistas sobre la gravedad de los actos que estaban cometiendo. Fue el preludio del golpe de Estado separatista del 1-O.
Puigdemont, Junqueras y sus aliados de la CUP decidieron despreciar a más de la mitad de los catalanes y violaron sus derechos políticos. Todo con la excusa de una consulta ilegal, la del 1 de octubre, en la que solo participaron, y con centenares de irregularidades, la porción separatista del electorado.
Los fundamentos jurídicos de la República Catalana, cuyos partidarios vendían como un nuevo proyecto democrático e ilusionante, demostraron ser más cercanos a un régimen político semi autoritario que a una democracia occidental plena.
Ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez habla de “concordia”, y de “agenda del reencuentro” ningún catalán de bien debería olvidar las barbaridades legislativas que ERC, CUP y PDeCAT aprobaron en los ‘plenos de la vergüenza’.
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