Esperanza García, además de diputada en el Parlament, es una de las expertas de esta formación en la gestión y el control de la función social de los medios de comunicación públicos en Cataluña.
¿Cómo se puede conseguir que TV3 vuelva a ser un servicio público y no una herramienta de propaganda?
Hay varios aspectos que afectan a los medios de comunicación públicos catalanes, tanto a TV3 como a Catalunya Radio. Primero hay que desgubernamentalizar los órganos rectores y luego cumplir la Ley del Audiovisual. Solo aplicando las normas vigentes no debería pasar lo que se está viviendo en TV3, y sí se hace al menos debería haber consecuencias.
¿Ejemplos?
Desde la quema de una Constitución, hasta insultar a partidos políticos democráticos. Da la sensación que TV3 está al servicio de los partidos independentistas, porque en dos ocasiones la rama juvenil de la CUP ha intentado organizar actos delante de una sede de una formación democrática, en este caso la nuestra, y una de las veces intentaron ocuparla y el único micro del que disponían era el de TV3. Se ha de respetar la ley, y si la televisión autonómica no lo hace debe haber ceses. Los que creemos que los medios públicos son de todos y deben representar el pluralismo tenemos que llegar a acuerdos.
¿De qué tipo?
Ahora mismo estamos con una reforma de la Ley del Audiovisual, que posiblemente afecte a la gobernanza, pero también al modelo de medios públicos, de su función como servicio para todos los ciudadanos. Ahí tenemos una oportunidad de que TV3 y Catalunya Ràdio sean para todos los catalanes, no herramientas de propaganda.
Hay casos como el de Empar Moliner, que ha comentado, que quemó una Constitución en TV3. Y sí que tuvo consecuencias, pero positivas para ella, dado que fue premiada con más minutos de colaboración en otra empresa de la casa, en Catalunya Ràdio. ¿Es esto lo que se espera de un medio público?
En absoluto, lo que se espera de los medios públicos es que cumplan con su labor social, que es informar, formar y respetar el pluralismo social e ideológico de Cataluña. En realidad no se está haciendo esto, y se están incumpliendo sistemáticamente todos los libros de estilo, además de la Ley del Audiovisual, como ya hemos comentado. Hay una situación de anormalidad en los medios públicos catalanes y de control independentista de estos.
¿Y cómo se soluciona?
Dándole la vuelta a la página política de Cataluña, que está en un bucle. Una vez los catalanes, incluso aquellos que creyeron de buena fe que la independencia era la solución a sus males económicos y sociales, se den cuenta que el proceso secesionista es una estafa, entonces tendremos la oportunidad de rehacer, no solo la convivencia que creo que está dañada, sino también la normalidad política.
¿Por qué TV3 emite anuncios para un partido de fútbol, en este caso la Final de la Champions, que ofenden a centenares de miles de catalanes que son madridistas?
Debido a que el nacionalismo considera a TV3 no como un servicio público, sino como una herramienta de lo que ellos llaman “creación nacional”, que es lo que decía en su momento Pujol. Y ahora, en su última fase, ya absolutamente independentista, ya aseguran que es una “estructura de Estado”. Es un medio que pagamos entre todos, pero para ellos es una herramienta de campaña mediática. Y por eso se permiten el lujo, controlándola como la controlan, de lanzar mensajes de odio y de separación que tienen muy poco que ver con el pluralismo ideológico y social que hay en Cataluña.
En los últimos meses se han producido diversos actos violentos, desde el ataque a las sedes de partidos, como las que usted ha mencionado, a agresiones a jóvenes de Barcelona con la selección o de Societat Civil Catalana en la UAB, pasando por carteles amenazantes a los líderes democráticos catalanes. ¿Qué está pasando con lo que los secesionistas denominaron la “revolución de las sonrisas”?
Que la “revolución de las sonrisas” esconde tics y aristas autoritarias, ni más, ni menos. Al final el que no respeta las reglas de la democracia no es un demócrata. Votar no es simplemente una urna, de cartón o de metacrilato. Votar es dotarse de unas normas de convivencia, cumplirlas y hacer valer la voluntad de la mayoría, pero respetando las leyes. Los independentistas no tienen mayoría ni siquiera para reformar el Estatut, y pretenden por la fuerza, y por la vía de los hechos consumados, imponer su paisaje idílico de una Cataluña supuestamente república independiente.
¿Y de ahí vienen las agresiones y las amenazas?
Cuando no pueden conseguir sus objetivos, porque lo intentan de un modo totalmente antidemocrático, al final conduce a la desesperación y lo que afloran son tics autoritarios de fanatismo, de falta de calidad democrática. En Cataluña vivimos una situación en la que falta libertad para expresarse libremente, sin verse ninguneado por la masa que más grita, que en este caso es el independentismo. Y esto pasa porque ven que su proyecto ha llegado a un callejón sin salida.
Y esta intolerancia llega a las universidades.
Y es una lástima. Que en la universidad, que debería ser un espacio de libertad, pasen hechos como los que vivieron, entre otros, los jóvenes de SCC, y que haya parte, incluso del propio rectorado, que no tome cartas en el asunto es gravísimo. Y demuestra que hay cierto miedo a pronunciarse políticamente en Cataluña, para no causar rechazo. La libertad se delimita a lo que los independentistas creen que es políticamente correcto.
¿Garantizará el Gobierno de la Nación que se cumpla la Ley para que se restauren todas las libertades en Cataluña?
Estoy segura. Hace meses había partidos que decían que les daba tristeza cuando veían a Artur Mas ir a declarar a los tribunales. Que en el 9N no había que hacer nada porque era una especie de pachanga independentista y no tendría consecuencias. Y el Gobierno de la Nación decidió tomar cartas en el asunto, en el sentido de que quién se haya saltado las leyes tiene que dar cuenta ante la Justicia, como cualquier otro ciudadano. Mas ha sido inhabilitado, y el mundo no se ha hundido. Creemos que no es tiempo de volver a romper las normas de convivencia, las normas de la democracia, y si se hace, tendrá consecuencias como es normal en cualquier Estado de derecho.
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