La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el gobierno catalán “se acerca más a una dictadura, que a una democracia”. La miembro del ejecutivo español ve como contrario a dicho sistema el modo en que “las fuerzas independentistas han impedido la intervención de los grupos parlamentarios a la ley del referéndum”.
Más aún, tanto Junts Pel Sí como la CUP, para conseguir aprobar dicha ley en tiempo récord y para evitar que sea anulada por los organismos estatales por tratarse de una reforma que va en contra de la legalidad, han acortado los procedimientos habituales del Parlament de Cataluña. No solo no han permitido el debate parlamentario, sino que además han estipulado que dicha ley no pueda ser presentada ante el Consell de Garantíes Estatutàries, institución que se encarga de vigilar que las normas que aprueba el Parlament estén dentro del marco establecido por el Estatut de Catalunya y la Constitución española, como normalmente ocurre con el resto de textos que aprueba la cámara catalana.
Pese a esto, PSC y Cs han presentado al organismo catalán una petición para que estudie la legalidad de dicha reforma. Una petición que ahora está siendo estudiada por el Consell, ya que nunca antes se había encontrado en una situación parecida.
Por otro lado, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha recusado a los 12 miembros del Tribunal Constitucional que tienen que estudiar su posible implicación en el 9N. De esta manera, el Tribunal tendrá que estudiar en el pleno de hoy este caso y no podrá agendar otros temas, como sería una posible intervención en contra dicha ley del referéndum que está aprobando en estos momentos la cámara catalana.
Unas maniobras de filibusterismo que para Santamaría significan “usurpar las funciones y derechos de los demócratas”. “Los independentistas están dispuestos a atropellar a todos los catalanes para imponer sus ideas”, ha destacado.
Desde Madrid, el PSOE, en palabras de su secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha mostrado “su apoyo sin fisuras” al gobierno central ante lo que ha calificado como una “mascarada groseramente orquestrada contra la democracia”.
Mientras, en el Parlament se siguen presentando enmiendas en contra de una ley que, presumiblemente, será votada esta misma noche.
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