Los presidentes o portavoces en Cataluña de tres asociaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han hecho público, vía comunicado conjunto, que las llamadas leyes de desconexión – la de transitoriedad jurídica y la que ha de regir la consulta del 1 de octubre – se sitúan fuera «del marco constitucional», y aseguran que su «obligación como jueces y magistrados será no aplicar ninguna de esas normas».
Las tres entidades afirman que los magistrados «estamos sometidos al imperio de la ley», y argumentan que «nunca creíamos que la historia pondría a prueba el valor de nuestro compromiso, pero llegado el momento, que nadie dude de nuestra inquebrantable fidelidad a la Constitución». Y añaden que ven con preocupación «la deriva del bloque independentista, que declara abiertamente su intención de subvertir el orden constitucional en Cataluña, arguyendo una falsa legitimación democrática». «Caso de aprobarse estas dos propuestas, supuesto desgraciada e indudablemente previsible, con la misma seguridad serán impugnadas de forma inmediata por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional».
En nombre de estas asociaciones firman este comunicado conjunto el magistrado Luis Rodríguez Vega, presidente de la sección territorial de Cataluña de la APM; la portavoz de la sección territorial de Cataluña del Foro Judicial Independiente, Zita Hernández Larrañaga y la portavoz de la sección territorial de Cataluña de la Asociación Francisco de Vitoria, Eva Atarés.
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