En las últimas semanas, varios alcaldes de Junts per Catalunya han intensificado su discurso en materia de seguridad ciudadana. Lo hacen en un contexto político marcado por el temor al ascenso de Silvia Orriols y su formación, Aliança Catalana, que gana terreno en distintos municipios del país. El fenómeno Orriols, con su mensaje directo y centrado en el control de la inmigración y el orden público, ha provocado que muchos consistorios de Junts adopten propuestas más duras, especialmente en relación con los delitos menores y la multirreincidencia.
Entre las medidas que estos alcaldes promueven, y que anunciaron ayer durante una visita de varios de ellos a Waterloo encabezados por Josep Maria Vallès – Sant Cugat del Vallès – figura la modificación de los artículos 234 y 235 del Código Penal, con el objetivo de endurecer las penas por hurtos reiterados. La propuesta contempla elevar las condenas a uno o tres años de prisión por el robo de teléfonos móviles y otros objetos de valor habitual en pequeños delitos. Asimismo, se plantea aumentar de 35 a 70 el número de jueces de adscripción territorial en Catalunya, con la intención de agilizar los procedimientos judiciales vinculados a la delincuencia urbana.
Otra de las iniciativas que defienden es la de permitir que los ayuntamientos puedan ejercer acciones penales directamente contra los delincuentes, sin perjuicio de las que correspondan a la Fiscalía. Esta idea, que a primera vista puede parecer una mejora de la eficacia institucional, se interpreta también como un intento de mostrar una mano dura simbólica ante la creciente presión electoral que supone el discurso de Orriols en territorios donde Junts teme perder regidores.
Sin embargo, detrás de esta aparente preocupación por la seguridad, muchos observadores ven un claro cálculo político. Los alcaldes que durante años han evitado confrontar la problemática de la inseguridad por miedo a ser acusados de alarmismo, ahora se apresuran a apropiarse de un discurso punitivo. No lo hacen por convicción, sino por estrategia. La amenaza de perder votos a manos de una fuerza que crece en el ámbito local los empuja a adoptar posturas que hace poco habrían considerado excesivas.
Resulta especialmente llamativo que estas medidas se planteen ahora, y no en momentos anteriores en que los municipios ya padecían los mismos problemas. El súbito interés por reformar el Código Penal y duplicar el número de jueces coincide con el auge de Orriols y con las encuestas que apuntan a una pérdida significativa de apoyo para Junts en diversos territorios. Más que una política de seguridad, parece una política de supervivencia.
Junts, que ha creado en buena parte el modelo de seguridad catalán al ser el partido que más años ha estado en el gobierno de la Generalitat, ahora compite con Orriols por ver quién propone la medida más dura. Y lo hace no desde una reflexión profunda, sino desde la urgencia electoral y el miedo a quedar desbordados por una nueva ola populista que ellos mismos, con su inacción previa, han contribuido a alimentar.
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