Las entidades constitucionalistas realizan una gran labor en Cataluña, y una de las más activas es Convivencia Cívica Catalana, presidida por Ángel Escolano. En esta ocasión han logrado que el Ayuntamiento de San Ańdrés de Llavaneras retire la exigencia del nivel C1 de catalán para optar a un puesto de trabajo para la brigada municipal.
Convivencia Cívica Catalana alegó que la exigencia de acreditar un determinado nivel de catalán en todas las plazas objeto de la convocatoria infringe lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/1991, por cuanto se está exigiendo en las Bases un conocimiento de la lengua catalana desproporcionado y de manera indiscriminada y sin justificación, hecho éste que infringe el artículo 12 y el artículo 23.2 de la Constitución.
Este hecho se suma a la suspensión de la convocatoria para cubrir varios puestos de operarios de mantenimiento del Hospitalet de Llobregat por parte del Juzgado Contencioso 7 de Barcelona (por Auto del pasado 15 de julio de 2024). El Juzgado de lo Contencioso consideró que hay apariencia de buen derecho en las pretensiones de Convivencia y ordena suspender cautelarmente la convocatoria impugnada, a los efectos de evitar que se produzca de manera efectiva la exclusión de ciudadanos que no acrediten tener el nivel C de catalán.
“Lo que realmente están haciendo muchas administraciones locales con bases muy similares a la que ha anulado San Andrés de Llavaneras es establecer una barrera de entrada y un requisito excluyente que impide de manera desproporcionada y generalizada el acceso a la función pública de aquellos españoles que no pueden acreditar un nivel determinado de conocimiento del catalán (en este caso C1), sin que exista justificación para ello y sin que sea proporcional a las exigencias del puesto ofertado.”, ha asegurado Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana.
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