Cataluña vuelve a exhibir su afán por seguir un camino propio, esta vez a costa del bolsillo de los conductores. El Servei Català de Trànsit ha confirmado que no habrá tregua: desde este 1 de enero, cualquier vehículo que no cuente con la baliza V-16 conectada podrá ser sancionado. Mientras en el resto de España se respira un aire de mayor permisividad, la administración autonómica ha decidido aplicar la ley con una rigurosidad que muchos consideran excesiva.
Los Mossos d’Esquadra ya tienen instrucciones para multar a quienes ignoren esta nueva obligación de seguridad vial. Esta postura choca frontalmente con la imagen de una administración que, a menudo, prefiere la recaudación a la pedagogía. No habrá días de cortesía ni campañas informativas previas en las carreteras catalanas.
Resulta paradójico que el propio Govern solicitara inicialmente a la DGT un aplazamiento de esta medida. El argumento era facilitar la adaptación de los ciudadanos y evitar la proliferación de dispositivos falsificados en el mercado. Sin embargo, una vez que el Ministerio de Interior descartó el retraso, la Generalitat ha pasado de la petición de prudencia a la ejecución inmediata de las multas. Es una muestra más de la incoherencia que a veces impera en la gestión de las políticas públicas de izquierda.
En Madrid, el enfoque de la Dirección General de Tráfico es sensiblemente distinto y mucho más moderado. Su director, Pere Navarro, ha sugerido que existirá un margen de maniobra razonable antes de empezar a tramitar denuncias de forma masiva. Desde la DGT se entiende que un cambio de este calado requiere un tiempo de asimilación por parte del usuario. Esta diferencia de criterios genera una inseguridad jurídica evidente para el conductor que cruza las fronteras entre comunidades.
La sanción establecida para quienes no dispongan de la luz de emergencia conectada es de 80 euros. Aunque la cifra no es desorbitada, la celeridad en su aplicación en Cataluña parece buscar más el impacto recaudatorio que la seguridad efectiva.
La baliza V-16 sustituye definitivamente a los tradicionales triángulos de preseñalización para evitar atropellos en el arcén. Imponer multas desde el primer día de enero parece una medida desproporcionada para una población que ya soporta una presión fiscal y administrativa muy elevada. La política de la Generalitat vuelve a demostrar poca empatía con la realidad cotidiana del ciudadano.
Los Mossos d’Esquadra, como policía con plenas competencias en tráfico, serán los encargados de vigilar el cumplimiento de esta normativa. Esto coloca a los agentes en una posición complicada, obligados a sancionar por una infracción que a pocos kilómetros de distancia sería tratada con flexibilidad. La falta de coordinación entre el Ministerio del Interior y el Departament d’Interior es, una vez más, la nota dominante en esta legislatura. El ciudadano, como de costumbre, es quien termina pagando los platos rotos de la falta de consenso.
El malestar en el sector de los conductores es evidente ante lo que consideran una «trampa» administrativa en fechas navideñas. Muchos usuarios aún no han podido adquirir los dispositivos homologados debido a la alta demanda o a la confusión sobre qué modelos son válidos. El Govern, lejos de ofrecer soluciones o prórrogas, ha preferido cerrar la puerta a cualquier tipo de moratoria. La eficiencia parece entenderse solo bajo el prisma de la sanción económica inmediata.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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