La autopista AP‑7 en Cataluña ha pasado de ser una vía rápida clave para vertebrar el tráfico regional a un auténtico problema estructural. No es ya solo un atasco puntual en operación salida o retorno: los datos de retenciones alcanzan niveles propios de crisis vial. En 2024, por ejemplo, la AP-7 acumuló unas 7.860 horas de espera en embotellamientos, lo que supone un aumento del 21,5 % respecto al año anterior.
El origen de esta situación es múltiple, pero no por ello complejo: tras la supresión de peajes se disparó el volumen de vehículos por hora hasta cifras que en determinados tramos superan los 7.000, cuando la capacidad estimada es de unos 5.200. A esto se suma una concentración de tráfico pesado que, lejos de menguar, ha crecido en un 60 % en algunos corredores.
El resultado es que los fines de semana, los festivos y los puentes la autopista se convierte en un embudo continuo. Un accidente entre Cerdanyola y Sant Cugat generó más de 10 km de retención. Una operación retorno puede disparar los atascos a 20 km de cola en un solo tramo. La presión sobre la vía hace que lo que debería ser un trayecto ágil se transforme en un recorrido por la paciencia.
Lo más preocupante es que esta situación no es excepcional: ya ha sido calificada por los expertos como “cada día más cerca del colapso”. Si una autopista que vertebra una comunidad autónoma se comporta los fines de semana como una carretera secundaria con atasco, eso indica no solo un fallo puntual, sino un problema de modelo.
Ante esta realidad, la administración catalana ha anunciado medidas de gestión: instaurar velocidad variable, hacer uso de Inteligencia Artificial para prever siniestros y nuevos paneles informativos, además de plantear carriles de salida más largos en los tramos más conflictivos. Pero las obras de fondo tardan, los recursos son limitados y los conductores siguen pagando el cúmulo de deficiencias.
Ahora bien: ¿se trata solo de añadir medidas de contención, o de repensar la vía? Limitar la velocidad y dividir flujos no cambiará el hecho de que un volumen desmesurado de tráfico y un diseño físico de hace décadas estén al límite. El acondicionamiento urgente es necesario, pero a medio plazo hace falta ampliar capacidad real, reforzar alternativas y reordenar transportes para evitar que cada domingo se convierta en una penitencia al volante.
La AP-7, además, es clave para toda Cataluña: su colapso afecta el tráfico diario, la logística, el turismo, el coste económico y el coste social de los conductores atrapados. Cuando esta arteria falla, el sistema completo de movilidad se resiente. En ese contexto, no basta con “gestionar mejor”, sino con “invertir más y reformular”. Catalunya no puede seguir tratándose a sí misma como si la autopista más importante funcionara en modo emergencia permanente.
Si la vía rápida que había de articular la movilidad catalana se convierte en un obstáculo constante, la pregunta que debe plantearse el conjunto de administraciones es si están cumpliendo con su función. Porque el colapso permanente no es solo un trastorno para los ciudadanos: es una señal de que el modelo de movilidad necesita un vuelco.
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