La UAB, en manos de los violentos

Ayer la Universidad Autónoma de Barcelona vivió un episodio que debería avergonzar a cualquier institución que se llame universidad pública en un estado democrático. En el campus de Bellaterra, jóvenes que solo buscaban asistir a un acto organizado por la asociación S’ha Acabat! con la participación de Vito Quiles fueron agredidos, hostigados y sepultados bajo insultos y lanzamiento de objetos por grupos radicales independentistas de carácter muy violento.

No es un hecho aislado: es una continuación de una larga lista de agresiones a la libertad de expresión que tienen como escenario recurrente la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La responsabilidad la comparten principalmente la universidad y los Mossos d’Esquadra. La UAB, por su parte, ha demostrado una grave dejación de deber al no proteger adecuadamente a quienes ejercen derechos fundamentales.

Ha comunicado que el acto no tenía autorización pero ero eso no exime a la universidad de la obligación de protección y de evitar que la violencia callejera se instale en el campus, ya que Quiles y S’ha Acabat, ante la negativa de la UAB a dejarles el aula, decidieron ejercer su derecho a la libertad de reunión y charlar en la vía pública. El día antes la UAB fue tomada por violentos radicales que causaron graves destrozos con la excusa de manifestarse por Gaza y el rectorado fue más comprensivo que con Quiles y S’ha Acabat!

Los Mossos d’Esquadra también tienen mucho que explicar. La policía autonómica intervino tarde, de modo reactivo, más enfocados en separar a los grupos cuando ya la violencia de los separatistas estaba desatada. En algunos momentos, los jóvenes de S’ha Acabat! fueron literalmente agredidos con objetos, con la universidad como escenario de la impunidad.

Es grave que cuando un grupo independentista radical decide bloquear, intimidar o lanzar objetos contra quienes piensan distinto, la respuesta institucional sea tibia, ambivalente, y en demasiadas ocasiones complaciente. Permitir que los agresores se acerquen sin mayor contención, sin identificar a los responsables, sin sanciones ejemplares, alimenta la sensación de que algunas opiniones tienen más derecho a manifestarse que otras, y eso es la antítesis de toda universidad democrática.

También lo es la instrumentalización propagandística de estos actos: que S’ha Acabat! quede señalado como provocador (y sin permiso), mientras se obvia sistemáticamente que su silencio no significa consentimiento, y que los que impiden su derecho a expresarse usurpan la libertad de todos. La universidad no puede refugiarse en la excusa de la falta de permiso como blindaje moral: debe actuar con imparcialidad institucional y con firmeza, garantizando la convivencia civilizada, el pluralismo y el derecho constitucional a la libre expresión.

Finalmente, si algo debemos exigir con urgencia es una respuesta institucional clara, rápida, firme y ejemplar: sanciones administrativas, académicas o legales contra quienes agredan, medidas de protección para quienes solo desean ejercer sus derechos constitucionales, mecanismos que garanticen la seguridad en los campus, independientemente de la afiliación política de quienes ejercen esos derechos. Sin eso, la UAB y los Mossos quedan retratados: como entes que toleran la violencia ideológica del separatismo radical, permiten que la libertad de expresión sea desigual, y fallan en su deber de proteger.

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