El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona por exigir un nivel de catalán excesivamente alto para acceder a un puesto de operario del cementerio municipal, como consecuencia de un recurso contencioso-administrativo presentado por la entidad Convivencia Cívica Catalana, que preside Ángel Escolano.
El tribunal ha ordenado a este ayuntamiento rebajar el nivel requerido de lengua catalana del B2 al A2 por considerar que no es necesario para desarrollar la tarea requerida, ya que “genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quienes no acrediten ese nivel, constituyendo discriminación directa por razón de lengua”.
Manuel Acosta, diputado de VOX en el Parlament ha comentado la sentencia argumentando que «por fin triunfa la cordura y la justicia. El catalán no puede usarse, como sucede desde hace décadas, como herramienta ideológica y de segregación; de segregación social, laboral -como en este caso concreto-, económica, educativa, académica, comunicativa».
Ha añadido que «esta sentencia es una demostración evidente de que el castellano en Cataluña es una lengua minorizada, es decir, segregada, apartada, perseguida, arrinconada de la administración pública, de los medios de comunicación públicos, de la cartelería de la vía pública, de la rotulación de los comercios, de la educación».
«Y a los separatistas, este es un mensaje muy claro: no puede ser que acepten las sentencias judiciales favorables, como la ley de amnistía, pero ahora se quejen porque resulta que un tribunal de justicia ha fallado a favor de la libertad lingüística y en contra de que el catalán sea, precisamente, una herramienta de segregación laboral, como en este caso concreto», ha concluido.
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