De las primeras cosas que uno ve cuando llega a la estación madrileña de Atocha es la bandera nacional ondeando en el techo de su fachada principal, la que da a la Glorieta de Carlos V. Y es que es lo normal, ver la bandera de tu país en las principales ciudades de tu país.
Pero para los que venimos de Cataluña, es tan extraño el encontrate la bandera nacional ondeando en un edificio público, que un hecho tan natural como ver la bandera de España en España sorprende. Y ya no te digo encontrar detalles como que en la parada de metro de Plaza España el rótulo esté decorado con los colores rojigualdas. Es algo digno de ser fotografiado, como si de turistas nos tratáramos.
Pero no somos turistas, somos españoles que vivimos en una parte de España en la que no impera la Ley, y en la que el separatismo, desde hace más de cuatro décadas, ha desarrollado un proceso constante de ingeniería social para borrar de la conciencia catalana cualquier afecto o relación con el resto del país.
La ‘República catalana’ no existirá como elemento jurídico, como administración pública de derecho, pero si que funciona ‘de facto’, con una Generalitat que desafía a la Justicia impidiendo la ejecución de las sentencias de los tribunales e imponiendo un monolingüismo en catalán en las escuelas, universidades y en las instituciones que controlan.
Se comienza eliminan las placas de «calle» para cambiarlas por las de «carrer», se borra de la vía pública la bandera de España y se acaba defendiendo tesis supremacistas como que hablar español es un ataque a Cataluña y a la dignidad de los catalanes.
Es triste que los catalanes que nos sentimos españoles tengamos que recurrir a viajar a Madrid, Zaragoza o Cuenca para sentirnos en nuestro propio país. Pero mientras el separatismo cuente con la protección de los sucesivos Gobiernos de España — la cosa no comenzó con Sánchez, viene de antiguo –, seguiremos siendo extranjeros en nuestra tierra.
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