La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha confirmado la Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 7 de Barcelona que en julio de 2018 declaró que la UAB había vulnerado los derechos fundamentales de los alumnos constitucionalistas que se integraban entonces en “Joves SCC-UAB” al negar su inscripción en el directorio de colectivos de la Universidad.
En concreto, la sentencia de instancia, confirmada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, declara que se vulneraron los siguientes derechos fundamentales: a no ser discriminado por razón de opinión, la libertad ideológica, la libertad de expresión y el derecho a la educación.
El Tribunal Superior de Justicia señala que la exclusión de los estudiantes constitucionalistas del directorio de la UAB “es claramente ilegal” y que los requisitos que se querían imponer al colectivo son “directamente tendentes a excluir dicho colectivo por razón de las opiniones o manifestaciones vertidas en las redes sociales o medios de comunicación”.
Además indica que “la denegación de la inscripción basada solo en las opiniones manifestadas por el Colectivo recurrente vulnera su derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica, y que la introducción de requisitos no exigidos por la normativa aplicable supone asimismo una clara vulneración del artículo 14 de la CE y más si con tales requisitos se pretende de hecho la rectificación de opiniones manifestadas por dicho colectivo”.
Los afectados aseguran que «se confirma de esta manera la gravedad de las vulneraciones de los derechos fundamentales de los estudiantes constitucionalistas en la UAB que tienen su origen en la voluntad del equipo de gobierno de la UAB de limitar su actividad en el campus».
Los estudiantes recurrentes, en el momento de presentación del recurso estaban integrados en “Joves de SCC” y en la actualidad han constituido la entidad constitucionalista “S’ha Acabat!”.
“S’ha acabat!” expresa su «satisfacción porque la justicia ampare los derechos de los estudiantes y condene a la UAB por el clarísimo atropello llevado a cabo por su equipo de gobierno».
Y añaden que «los jóvenes constitucionalistas venimos denunciando reiteradamente los posicionamientos de las instituciones públicas a favor del proceso independentista y su tolerancia y permisividad con las acciones violentas y coactivas de los colectivos independentistas y autodenominados falsamente como ‘antifascistas’. Sorprendentemente, la UAB ha intentado acabar con la libertad de expresión de los constitucionalistas y no ha hecho nada para evitar perpetuar las situaciones de exclusión y acoso al constitucionalismo que se viven de forma especialmente hostil en el recinto universitario».
Dicha entidad juvenil «denuncia» los «intentos del equipo de gobierno de la UAB y de la rectora para impedir los pronunciamientos de los Tribunales y que se materializaron en las negociaciones llevadas a cabo con el entonces presidente de SCC, José Rosiñol, para que éste obligará a los estudiantes a retirar el recurso contencioso-administrativo planteado contra la resolución de la UAB».
«Estas presiones llevaron a los estudiantes recurrentes a abandonar SCC y a crear “S’ha Acabat!”, una plataforma que defiende con firmeza y sin complejos los derechos de los jóvenes constitucionalistas en Cataluña. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo», añaden en un comunicado de prensa.
Y solicitan que «los órganos de gobierno de la UAB, y en particular su Consejo de Gobierno, condenen las vulneraciones de los derechos fundamentales sufridas por los estudiantes constitucionalistas, adopten las medidas necesarias para garantizar la neutralidad de la Universidad; amparen a todos los miembros de la comunidad universitaria para que puedan expresar con libertad sus opiniones en el campus y dejen de tolerar el matonismo que llevan a cabo determinados colectivos independentistas y falsamente antifascistas».
También piden que «el Ministerio de Ciencia y Universidades y la Generalitat de Cataluña adopten las medidas necesarias para evitar que situaciones como las denunciadas se repitan y que se garantice la convivencia en los campus universitarios, al tiempo que condenen de forma clara e inequívoca estas vulneraciones de derechos fundamentales y el comportamiento hispanófobo que sufren los constitucionalistas en las Universidades catalanas».
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