
El Gobierno socialista ha vuelto a mostrar su inestabilidad y sus contradicciones en un tema clave para la economía de Cataluña: la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Lo que el PSC y el Ejecutivo central vendían como un proyecto firme, ahora se hunde en la incertidumbre y el retraso. La causa directa es el acuerdo in extremis entre el PSOE y Podemos para aprobar la ‘Ley de Movilidad Sostenible’.
Este pacto, logrado para salvar una votación crucial en el Congreso, ha tenido un coste altísimo para el desarrollo de la infraestructura. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha visto forzado a admitir el retraso públicamente. Un movimiento que dinamita la credibilidad del PSC y del propio Gobierno.
Inicialmente, el Ministerio de Transportes negó cualquier variación en los plazos previstos tras el anuncio del acuerdo con la formación morada. Esta negación iba en línea con lo que defendía el Govern del PSC. El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, llegó a asegurar que el compromiso y el calendario de la ampliación seguían «intactos».

Sin embargo, la realidad de los hechos ha forzado un cambio de guion en el Ministerio de Transportes. Óscar Puente ha confirmado ahora que la ampliación se retrasará. La nueva fecha que se maneja, hasta al menos 2032, contrasta directamente con la postura oficial mantenida por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat.
El acuerdo con Podemos implica una exclusión directa del proyecto de ampliación del DORA III, que debía abarcar el periodo 2026-2031. El DORA es el Documento de Regulación Aeroportuaria para el quinquenio 2027-2031, un plan de inversiones de Aena para sus aeropuertos españoles.
La letra pequeña del acuerdo obliga a un informe vinculante de emisiones antes de cualquier inicio de obras. Este requisito ambiental, impuesto por la necesidad de los votos de Podemos, funciona como un freno efectivo. La ampliación de El Prat queda supeditada a trámites que la postergan, como mínimo, hasta 2032.
Esta voltereta del PSOE demuestra que su única prioridad es mantenerse en el poder, incluso a costa de proyectos estratégicos para Cataluña. El Gobierno antepone su supervivencia política al desarrollo económico de Cataluña.
Los vaivenes en el discurso del ministro Puente, quien primero aseguró que «no supone ninguna variación en los plazos» y después reconoció el retraso hasta 2032, evidencian la falta de seriedad en la gestión socialista. La ampliación de El Prat es la última víctima de la debilidad del Ejecutivo de Sánchez.
La incertidumbre planea sobre una inversión vital, demostrando que en el PSOE, las promesas de desarrollo ceden siempre ante las exigencias ideológicas de sus socios. El futuro del principal aeropuerto de Cataluña, y de una parte importante de la economía española, queda en manos de los caprichos de la minoría radical.
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