En los alrededores del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, prolifera desde hace años una actividad ilegal que sigue creciendo sin control: las empresas de aparcamiento piratas. Estos negocios, que prometen guardar el coche a precios más bajos que los parkings oficiales, operan al margen de la ley, sin licencias, sin medidas de seguridad y, en muchos casos, con prácticas abusivas hacia los usuarios. Su presencia no solo pone en riesgo a los viajeros, sino que refleja una problemática más amplia: la creciente sensación de inseguridad y desprotección que se vive en Cataluña.
Estas empresas suelen captar a los clientes a través de páginas web poco transparentes o con personal que se ofrece directamente en las inmediaciones del aeropuerto. Los vehículos, en lugar de ser custodiados en instalaciones seguras, a menudo terminan aparcados en descampados, polígonos industriales sin vigilancia o incluso en la vía pública. Casos de coches dañados, robados o usados sin permiso por los encargados no son infrecuentes. Todo ocurre con una impunidad que alarma a vecinos, trabajadores del aeropuerto y a los propios usuarios.
La falta de una respuesta firme por parte de las autoridades catalanas ha permitido que este fenómeno crezca sin freno. La administración autonómica, ahora bajo el liderazgo de Salvador Illa, ha priorizado otros temas en su agenda, dejando en un segundo plano los problemas relacionados con la seguridad ciudadana. Mientras tanto, estas actividades ilegales se afianzan, convirtiendo zonas clave como El Prat en espacios donde las normas parecen no aplicarse.
Este desinterés por parte del gobierno autonómico se extiende también a otros ámbitos. Cataluña acumula denuncias por robos, ocupaciones ilegales y vandalismo, en parte como consecuencia de una estrategia política que ha desincentivado la actuación policial y judicial. La permisividad institucional ha generado un entorno en el que grupos organizados e individuos actúan sin temor a represalias, socavando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Vecinos de la zona denuncian que estas actividades también traen consigo problemas colaterales: ruido nocturno, coches abandonados, tráfico irregular de personas y una sensación permanente de inseguridad. La respuesta del gobierno autonómico catalán de Salvador Illa, por ahora, ha sido tímida y evasiva. No se han anunciado planes concretos para erradicar este tipo de prácticas, ni se han reforzado las inspecciones o las medidas preventivas.
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