Barcelona vuelve a dar un paso atrás en su relación con el turismo, uno de los pilares fundamentales de su economía. En una reciente entrevista en la Cadena SER, el alcalde socialista Jaume Collboni ha declarado que “en Barcelona no cabe ni un turista más”, una afirmación que recuerda peligrosamente al discurso hostil que marcó la etapa de su predecesora, Ada Colau. Con esta declaración, Collboni se alinea con una visión restrictiva y excluyente que no solo alimenta la turismofobia, sino que amenaza con dañar gravemente a un sector que representa más del 12% del PIB de la ciudad.
Lejos de rectificar el rumbo errático heredado del gobierno anterior que encabezaba Ada Colau – en el que recordemos que Jaume Collboni ya era teniente de alcalde -, el actual alcalde ha decidido mantener la línea de confrontación con el turismo, impulsando medidas que castigan directamente a las empresas y visitantes.
La reciente subida de la tasa turística municipal y la de la Generalitat, cuyo montante total se incrementará de forma progresiva hasta el 2029 y hará pagar entre 10 y 15 euros por persona y día es solo un ejemplo. En lugar de facilitar una convivencia ordenada y provechosa entre vecinos y visitantes, Collboni ha optado por aumentar la presión fiscal sobre los turistas, como si estos fueran culpables de todos los males de la ciudad. El resultado es una política que penaliza la llegada de ingresos y pone en jaque a miles de empleos.
Pero la política anti-turismo del Ayuntamiento no termina ahí. Las trabas impuestas a los cruceros que hacen escala en Barcelona, una fuente de ingresos importante para el comercio local y la hostelería, son otro ejemplo de cómo se están cerrando las puertas a un turismo que genera riqueza de forma directa. Las restricciones no responden a una planificación sostenible, sino a un discurso ideológico que demoniza al visitante y prefiere sacrificar beneficios económicos en favor de una supuesta “recuperación del espacio urbano”, que en la práctica ha demostrado ser más un eslogan que una realidad.
Además, el Ayuntamiento de Collboni (PSC) ha mantenido una actitud tibia y complaciente frente a los actos de vandalismo que se han producido contra empresas del sector turístico. En lugar de condenar sin matices los ataques de grupos radicales de extrema izquierda que actúan con total impunidad, el gobierno municipal prefiere mirar hacia otro lado. Esta falta de contundencia alimenta el clima de hostilidad y da alas a quienes promueven el odio contra los visitantes y todo lo que represente desarrollo económico.
Lejos de resolver los problemas de convivencia o de distribución del espacio urbano, estas políticas están deteriorando la imagen internacional de Barcelona. La ciudad, que durante años fue un referente mundial en turismo urbano, ahora se presenta como un destino hostil e impredecible. Los mensajes del alcalde no pasan desapercibidos fuera de nuestras fronteras: operadores turísticos, inversores y aerolíneas ya toman nota de este nuevo viraje político que transmite inseguridad jurídica y falta de estrategia.
Resulta paradójico que un alcalde socialista reniegue del turismo mientras defiende políticas de gasto público que, en buena parte, se financian con los ingresos que genera precisamente este sector. Miles de empleos directos e indirectos dependen del turismo en Barcelona, desde el pequeño comercio hasta los guías turísticos, pasando por hoteles, restaurantes y servicios de transporte. En lugar de fortalecer el tejido empresarial y mejorar la calidad de la oferta, el gobierno municipal prefiere enviar un mensaje de rechazo.
El discurso de Collboni no solo es irresponsable, sino que refleja una falta de visión preocupante. Gobernar una ciudad como Barcelona exige equilibrio, inteligencia y capacidad para gestionar la convivencia entre vecinos y visitantes. Apostar por la turismofobia puede resultar rentable a corto plazo para ciertos sectores ideologizados, pero las consecuencias a medio y largo plazo pueden ser devastadoras para la economía local y la imagen internacional de la ciudad.
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