La neutralidad institucional ha vuelto a ser la gran ausente en la estrategia de comunicación de Pedro Sánchez. La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido, de forma unánime, abrir un expediente sancionador al presidente del Gobierno por convertir su balance anual en un acto de propaganda. El jefe del Ejecutivo aprovechó la plataforma de La Moncloa para lanzar consignas políticas en el momento más sensible: la recta final de la campaña electoral en Extremadura.
El informe «Cumpliendo 2025», presentado este pasado lunes, no fue un ejercicio de rendición de cuentas ordinario. La JEC sostiene que Sánchez traspasó las líneas rojas al incluir «apreciaciones críticas» contra la oposición y las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Bajo el barniz de la gestión pública, el presidente utilizó los recursos de todos para confrontar directamente con sus rivales políticos antes de los comicios de este domingo.
La maniobra de este año resulta especialmente llamativa por el cambio de fechas. En 2024, el balance se realizó el 23 de diciembre, buscando el cierre del año natural sin interferencias electorales. Sin embargo, en esta ocasión, el líder socialista decidió adelantar la comparecencia al 15 de diciembre. El objetivo parece claro: ocupar el espacio mediático y condicionar el voto de los extremeños en las horas previas a la apertura de las urnas.
El Partido Popular, que presentó la denuncia, acusó al Gobierno de vulnerar los principios de objetividad y transparencia. La resolución de la Junta Electoral confirma que el tono de la comparecencia fue marcadamente partidista, rompiendo la igualdad de condiciones que debe imperar en cualquier proceso democrático. El uso de la sede de la Presidencia para el autobombo electoral supone una falta de respeto a las reglas del juego que todos los actores deben cumplir.
Durante su intervención, Sánchez no se limitó a desgranar cifras de su gabinete. El presidente se permitió atacar el modelo de gestión de la derecha, afirmando incluso que un futuro ejecutivo de PP y Vox sería el «mayor error histórico» para el país. Estas declaraciones, vertidas desde el atril oficial de Moncloa, desvirtúan la naturaleza del acto y lo convierten en un mitin electoral financiado con dinero público.
La JEC recuerda al presidente que su deber de objetividad está consagrado en la Constitución y que las autoridades deben abstenerse de influir en los electores. La resolución es un tirón de orejas necesario ante la deriva de un Gobierno que confunde constantemente lo que es el Estado con los intereses particulares de su partido. El expediente sancionador pone de relieve que la «resiliencia» de la que presume Sánchez no le exime de cumplir la legislación vigente.
Este nuevo frente jurídico llega en un momento delicado para el PSOE, cercado por las sospechas de corrupción y los escándalos internos que salpican a sus socios. El intento de desviar la atención mediante un balance triunfalista le ha salido caro al presidente. En lugar de cerrar el año con una imagen de solvencia, se encuentra ahora bajo la lupa de un organismo que vela por la limpieza de nuestra democracia.
La impunidad con la que el sanchismo suele manejarse en los tiempos mediáticos ha encontrado esta vez un muro en la legalidad electoral. No es la primera vez que Moncloa recibe advertencias de este tipo, pero la unanimidad de la Junta Electoral dota a esta decisión de una carga ética demoledora. Se ha certificado, negro sobre blanco, que el presidente utilizó su cargo para tratar de inclinar la balanza en Extremadura de forma irregular.
El balance «Cumpliendo» ha terminado siendo, en realidad, el cumplimiento de una estrategia de poder a cualquier precio. El domingo los extremeños acudirán a las urnas con esta sombra de irregularidad sobre el presidente. La resolución de la JEC es un recordatorio de que las instituciones no pertenecen a quien las ocupa circunstancialmente. España necesita un Gobierno que respete la separación entre partido y Estado, algo que, a la luz de los hechos, parece una meta inalcanzable para el actual inquilino de La Moncloa.
NOTA: elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo y de denuncia de los abusos secesionistas. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
