
Hace unos días el Partido Socialista Obrero Español firmaba un pacto de investidura con el Partido Nacionalista Vasco en el cual se acordaba la retirada de los agentes de tráfico de la Benemérita de las carreteras navarras.
Este hecho, como es lógico, ha despertado una tormenta de críticas de varias asociaciones de guardias civiles, así como del Partido Popular, Ciudadanos y VOX.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha mostrado su rechazo absoluto a la expulsión de los agentes y ha anunciado movilizaciones. Acusan al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al director general de la Guardia Civil, Félix Azón, de no defender sus intereses.
La Unión de Guardias Civiles considera que el traspaso de competencias afecta a los agentes de la Agrupación de Tráfico y a sus familias porque, según denuncian en un comunicado, «posiblemente van a tener que ser desplazados forzosamente de su lugar actual de residencia» a otras comunidades autónomas.
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