Por mucho que el Gobierno trate de presentar la normalización de su relación con EH Bildu como un ejercicio de “política de Estado”, la realidad parlamentaria dibuja un cuadro mucho menos edificante. El partido de Arnaldo Otegi se ha convertido en uno de los socios más fieles y estables de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, y su apoyo no es gratuito. Al contrario: responde a una estrategia nítida, coherente y constante, centrada en un objetivo prioritario desde su fundación política: mejorar la situación penitenciaria de los presos de ETA.
La política penitenciaria se ha transformado en una de las piezas más sensibles del tablero político. Desde el acercamiento progresivo de internos condenados por terrorismo a cárceles del País Vasco y Navarra hasta decisiones administrativas que han suavizado su régimen penitenciario, el Ejecutivo ha ido desmontando, paso a paso, el consenso que durante décadas unió a los grandes partidos en torno a la política antiterrorista.
Pieza clave en esta operación han sido los socialistas vascos, que gobiernan esta comunidad autónoma junto a PNV. Desde que el Ejecutivo vasco asumió la gestión de las prisiones en octubre de 2021, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha contabilizado 110 terceros grados que afectan a 90 presos de ETA. De ese total, 20 terceros grados fueron concedidos durante 2025 y corresponden a 19 internos. Sorprende que eb una veintena de casos estas clasificaciones han sido concedidas de nuevo tras haber sido previamente revocadas por resoluciones judiciales, lo que indica la clara voluntad política de PNV y socialistas de concederlas.
Bildu no ha ocultado nunca que su prioridad es garantizar el bienestar de los presos etarras. No es una suposición: es una línea política reiterada en comunicados, programas y declaraciones públicas. La novedad es que ahora esa prioridad encuentra un cauce directo en el Congreso, donde cada voto cuenta y donde el Gobierno ha optado por asumir el coste político de depender de una formación heredera del mundo que justificó la violencia terrorista durante décadas.
Los ejemplos son elocuentes y han generado una profunda indignación entre las asociaciones de víctimas. Casos como el de Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, condenado por múltiples asesinatos y trasladado a un centro penitenciario del País Vasco, o el de Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, que ha disfrutado de regímenes de mayor flexibilidad penitenciaria, son gestos políticos más que como decisiones estrictamente técnicas.
El Gobierno insiste en que se limita a aplicar la legalidad vigente y los criterios de reinserción. Pero resulta difícil ignorar la secuencia política: cada paso en la política penitenciaria coincide con negociaciones presupuestarias, reformas clave o votaciones decisivas en el Congreso. Los presos de ETA se han convertido en una moneda de cambio parlamentaria.
España ha demostrado en el pasado que es capaz de derrotar al terrorismo sin renunciar al Estado de derecho. Precisamente por eso resulta tan inquietante que ahora se diluya el consenso moral y político que sostuvo a las víctimas y aisló a los verdugos. Bildu sabe lo que quiere y actúa en consecuencia.
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