El Ministerio de Transportes ha dejado bajo mínimos el mantenimiento de las carreteras estatales en Cataluña. En apenas una década, la plantilla de la demarcación se ha desplomado de forma alarmante. Lo que antes era una estructura sólida, hoy es un servicio en precario que compromete la gestión del día a día.
Las cifras no dejan lugar a la interpretación ni al relato oficialista. En el año 2013, el Estado contaba con 158 efectivos destinados a estas labores en territorio catalán. Al cierre de 2023, esa cifra cayó hasta los 82 empleados, una reducción que roza el 50 % del personal.
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado se ha dirigido en una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para mostrar su «profunda preocupación» por la «situación crítica que atraviesa» este cuerpo de funcionarios. Denuncian que en Cataluña hay menos personal para atender las tareas de conservación y mantenimiento, que hay un uso excesivo de la externalización y que los funcionarios prefieren trasladarse a otras comunidades autónomas o a otras administraciones públicas.
Esta merma de recursos humanos coincide, paradójicamente, con un incremento de la responsabilidad administrativa. Mientras el Gobierno central presume de gestión, los datos demuestran que hay menos manos para vigilar más asfalto. La realidad en las oficinas y en el firme es de absoluta asfixia.
La red gestionada por el Estado ha crecido cerca de un 20 % en el mismo periodo. Este aumento se debe, principalmente, a la reversión de más de 400 kilómetros de autopistas de peaje, como la AP-7 y la AP-2. Al pasar a manos públicas, estas vías exigen un mantenimiento que el Ministerio no está cubriendo.
El Ejecutivo ha creado siete nuevos sectores de conservación, pero lo ha hecho sobre el papel. En la práctica, no se ha destinado ni una sola plaza adicional para cubrir estas nuevas áreas. Es la política del anuncio vacío: se amplía la red, pero se recorta en quienes deben cuidarla.
A esta escasez de personal se suma la creciente complejidad tecnológica de las infraestructuras actuales. Las nuevas normativas exigidas por la Unión Europea requieren una especialización que el Ministerio ignora. Sin técnicos suficientes, las innovaciones en seguridad vial se quedan en meras intenciones.
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