Plataforma per la Llengua se ha convertido en el brazo ejecutor de una política de señalamiento que no conoce límites éticos. Su actividad no se limita a la promoción cultural, sino que abarca la vigilancia sistemática de comercios, administraciones y, lo que es más grave, la vida privada de los ciudadanos.
El crecimiento de esta organización es directamente proporcional al riego de dinero público que recibe de las instituciones catalanas. Solo en los últimos años, ha percibido millones de euros en subvenciones, muchas de ellas otorgadas de forma directa. Este apoyo financiero permite mantener una estructura de docenas de trabajadores dedicados, en gran medida, a gestionar un buzón de denuncias lingüísticas que no deja de crecer.
La entidad ha perfeccionado un sistema de delación que anima a los ciudadanos a informar sobre cualquier establecimiento que no rotule o atienda exclusivamente en catalán. En 2024, las quejas recogidas aumentaron un 25%, evidenciando un clima de tensión social alimentado desde sus despachos. No buscan la convivencia de las dos lenguas cooficiales, sino la erradicación de la lengua común mediante el acoso administrativo y la presión a empresas.
Uno de los episodios más oscuros de su trayectoria fue el «espionaje» en los patios de los colegios para analizar qué idioma hablaban los niños en sus momentos de ocio, sin tener el permiso de sus padres. Aquella acción, propia de regímenes que anteponen la ideología a la infancia, desató una indignación que no parece haber frenado sus métodos. Ahora, su objetivo se centra en las universidades, donde promueven campañas para delatar a profesores que imparten sus clases en español.
La opacidad financiera es otra de las sombras que planean sobre la plataforma presidida por Òscar Escuder. Diversas informaciones señalan que la entidad lleva años sin actualizar sus datos de transparencia, ocultando el origen y destino de cuantiosas ayudas públicas. Mientras los servicios públicos catalanes sufren recortes, el presupuesto para perseguir al que habla castellano parece ser siempre una prioridad intocable para el Ejecutivo autonómico.
Desde el constitucionalismo catalán se observa con alarma cómo el dinero de todos los catalanes se utiliza para financiar una red de comisarios políticos. El silencio de la izquierda ante estas prácticas es revelador. Ni el PSC ni los sectores más moderados del progresismo han alzado la voz contra una entidad que quiebra la neutralidad institucional y promueve la división ciudadana por motivos de lengua.
Plataforma per la Llengua ejerce una influencia desmedida en la redacción de leyes y pactos nacionales por la lengua. Actúan como el guardián de la ortodoxia nacionalista, vigilando que el Gobierno de turno no se desvíe ni un milímetro de la imposición monolingüe. Su poder reside en su capacidad para movilizar a una base social hiperventilada que utiliza el idioma como arma arrojadiza contra el vecino.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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