La Universidad Complutense de Madrid atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. A su difícil situación financiera se suma un deterioro notable de su reputación institucional, marcado por la polémica en torno a la cátedra dirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, actualmente bajo investigación judicial. En medio de ese contexto, la institución ha solicitado un crédito de 35 millones de euros a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de aliviar su grave déficit económico.
La petición llega en un momento poco propicio. La Complutense intenta justificar la necesidad de esa inyección de liquidez para hacer frente a gastos estructurales, inversiones y compromisos salariales, pero lo hace cuando su gestión se encuentra bajo escrutinio. Las dudas sobre la concesión de la cátedra vinculada a Gómez, y la posterior investigación judicial, han erosionado la imagen de una universidad que durante décadas fue considerada un referente académico en España.
El procedimiento seguido por la universidad para personarse en la causa judicial como parte perjudicada se produjo demasiado tarde. Cuando la institución quiso reaccionar, la sombra de la sospecha ya se había extendido, afectando tanto a su reputación como a la confianza interna de profesores, alumnos y antiguos alumnos. La gestión tardía y la falta de transparencia inicial han alimentado una sensación de descontrol en la opinión pública.
En este contexto, la solicitud del crédito a la Comunidad de Madrid se interpreta con cierta controversia. Desde el Gobierno regional se recuerda que el apoyo económico a las universidades públicas requiere rigor y credibilidad en la gestión. Y aunque la Complutense justifica que necesita el préstamo para garantizar la continuidad de sus proyectos y cubrir obligaciones financieras urgentes, la coincidencia temporal con el caso judicial ha complicado su posición política.
La institución, una de las más antiguas y prestigiosas del país, vive así entre la urgencia financiera y la crisis reputacional. En los últimos años, la Complutense ha sufrido recortes presupuestarios, un aumento de los costes estructurales y la pérdida de competitividad frente a otras universidades madrileñas y privadas. Sin embargo, los críticos sostienen que sus problemas van más allá del dinero: hablan de una gestión burocratizada, politizada y poco ágil para responder a los desafíos del presente.
El caso Begoña Gómez ha agudizado esas tensiones internas. La concesión de la cátedra, sus vínculos con contratos públicos y la posterior apertura de diligencias judiciales han dejado a la dirección universitaria en una posición incómoda. Aunque la institución insiste en que colaborará plenamente con la Justicia y que actuó conforme a la legalidad, el daño reputacional ya está hecho y pesa como una losa sobre cualquier iniciativa pública que emprenda.
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