El Gobierno de Pedro Sánchez recibe un duro revés desde la Unión Europea. El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha emitido un dictamen que cuestiona algunos aspectos de la Ley de Amnistía. Según su opinión, el texto negociado con Carles Puigdemont para asegurar la investidura contraviene diversas normativas comunitarias.
El principal punto de conflicto es la vulneración de la tutela judicial efectiva, un pilar básico en la legislación europea. Manifiesta que no se ha podido comprobar por la jurisdicción española si hubo o no malversación, y eso vulnera la tutela judicial efectiva
En relación con la amnistía de los delitos de terrorismo, la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (ACVOT) pedía que no se aplicase a las acciones violentas de una docena de miembros de los conocidos como Comités de Defensa de la República (CDR) que fueron acusados en la Audiencia Nacional.
El abogado del Ejecutivo comunitario, el español Carlos Urraca Caviedes planteó el pasado verano, una impugnación total a la norma que presentó como una «autoamnistía» y, por lo tanto, contraria a la normativa comunitaria. Spielmann no ha considerado que el Gobierno actuase, en su iniciativa legal, para «proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales» y descarta que fuera una «autoamnistía».
Este pronunciamiento, aunque no es vinculante, marca una tendencia preocupante para el Ejecutivo socialista. La jurisprudencia indica que los jueces del TJUE suelen seguir estas recomendaciones en aproximadamente el 80% de los casos.
La sentencia definitiva del tribunal europeo se espera para principios de 2026. Sin embargo, la opinión del Abogado General ya tiene un impacto político notable en España. Abre la puerta a que la ley, pilar del pacto de investidura, sea tumbada por la justicia comunitaria.
Este informe llega en el peor momento para las ya tensas relaciones entre el PSOE y Junts. La formación de Puigdemont ha declarado el «bloqueo» de la legislatura, presentando enmiendas a la totalidad de las leyes en trámite. Los socios nacionalistas aumentan la presión sobre Sánchez.
El dictamen del Abogado General responde a dos cuestiones prejudiciales fundamentales para el futuro de la amnistía. Una de ellas fue elevada por el Tribunal de Cuentas, que investiga el desvío de casi cinco millones de euros de fondos públicos del procés. Este caso afecta a 35 ex altos cargos, entre ellos Puigdemont y Artur Mas.
El Tribunal de Cuentas tiene dudas sobre si la ley choca con la normativa europea que excluye de la amnistía los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE. El riesgo de impunidad en casos de malversación de fondos públicos se sitúa bajo la lupa de Bruselas.
La otra consulta procede de la Audiencia Nacional. Este tribunal español busca aclarar si la amnistía debe aplicarse a 12 miembros de los CDR acusados de terrorismo. El alcance y las excepciones de la norma están ahora pendientes de interpretación judicial europea.
Ya en una vista pública anterior, el representante de la Comisión Europea cargó duramente contra la norma. Calificó la Ley de Amnistía de «contraria al Estado de derecho» por no servir al interés general. Su argumento central: la ley es un mero «acuerdo político» para la supervivencia de Sánchez.
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