La voracidad fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez ha traspasado las fronteras españolas para chocar de frente con las instituciones europeas. La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras meses de advertencias ignoradas. El motivo es la negativa sistemática del Ejecutivo a transponer dos directivas comunitarias clave sobre el IVA.
Esta desidia legislativa no es casual, sino que retrata la nula voluntad del socialismo por aliviar la presión sobre el tejido productivo. Bruselas impulsó una normativa que permite eximir del pago del IVA a autónomos y pequeñas empresas con una facturación inferior a 85.000 euros. Se trata de una medida diseñada para reducir costes administrativos y facilitar la supervivencia de los más pequeños.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha comunicado oficialmente que no tiene intención de aplicar esta exención en territorio nacional. El Gobierno se escuda en que la medida es opcional para los Estados miembros, prefiriendo mantener su maquinaria recaudatoria intacta. Mientras otros países de la Unión Europea apuestan por la competitividad, aquí se opta por el castigo burocrático constante.
La gravedad del asunto radica en que España ni siquiera ha adaptado los mecanismos para que nuestras pymes operen fuera. La Comisión Europea exige que las empresas españolas puedan acogerse a regímenes de IVA simplificados cuando trabajen en otros países socios. Al no transponer la norma, el gabinete de Sánchez está bloqueando de facto la expansión internacional de nuestros emprendedores.
El paquete de reformas europeo busca modernizar un sistema que en España parece anclado en el siglo pasado. No solo se trata de la exención del IVA, sino de actualizar la fiscalidad en servicios digitales y bienes de ocasión. La normativa comunitaria intenta armonizar el mercado, pero el ‘sector público’ español prefiere seguir siendo un obstáculo para la libre competencia.
El caso ya está en manos del TJUE, lo que supone un nuevo varapalo a la imagen internacional de la gestión económica española. El tribunal deberá decidir ahora si el incumplimiento del derecho comunitario acarrea sanciones económicas severas para el país. Sería el colmo que, además de no bajar los impuestos, los españoles tuviéramos que pagar multas por la soberbia del Gobierno.
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