Tras difíciles negociaciones y persistentes reclamaciones, la Bretaña francesa finalmente obtuvo del estado francés un autogobierno, con un parlamento regional y competencias propias. El partido nacionalista bretón de derechas se hizo con el gobierno regional y desde un principio mostró—como agradecimiento—que no sólo quería revertir la opresión centralista francesa hacia la lengua y cultura bretonas, sino reprimir y desprestigiar todo aquello considerado francés.
A principios de los años 1990 los nacionalistas bretones empezaron a aplicar el llamado programa 2000, una lenta y sutil operación de ingeniería social para implementar las tesis nacionalistas y anti-francesas en todas las esferas de la sociedad y la vida de los bretones. Los alumnos en escuelas e institutos empezaron a tener clases sólo en bretón, excepto dos horas a la semana en inglés y alguna en francés, la lengua más hablada en la Bretaña francesa y una de las más habladas en todo el mundo.
En 1994 y 1996 el partido nacionalista bretón permitió la formación del gobierno en Francia de los socialistas y los liberal-conservadores de UMP respectivamente, a cambio de nuevas competencias y mejor financiación, generando así grandes diferencias en las prestaciones y derechos de los ciudadanos bretones con respecto a los del resto de Francia, incluidos los parisinos; asimismo limitando la visibilidad del Estado francés en la Bretaña.
Tras más de 20 años en el poder y robando dinero público, el partido nacionalista bretón pasó a la oposición en 2003. De Guatemala a Guatepeor. El nuevo gobierno regional, formado por tres partidos de izquierdas—uno de ellos nacionalista radical— aceleró el programa nacionalista, empezó a multar a los negocios que rotulaban sólo en francés e impulsó la creación de un nuevo Estatuto de Autonomía que ningún partido político con representación en el parlamento regional llevaba en su programa electoral.
Tras las negociaciones pertinentes entre todos los partidos, excepto el sensato y odiado UMP—el único que no veía necesidad de cambiar el Estatuto—se anunció una propuesta de nuevo estatuto, que los propios servicios jurídicos del Parlamento definieron como inconstitucional. El entonces líder de la oposición bretona, del partido nacionalista, durante una noche en el Eliseo pactó con el presidente francés una versión rebajada de ese Estatuto, que finalmente fue aprobada por el Parlamento francés, pero seguía siendo inconstitucional. Por principios y por respeto a la Constitución francesa, el UMP legítimamente recurrió ese Estatuto al Tribunal Constitucional.
En 2006 la versión negociada del nuevo Estatuto bretón se aprobó en referéndum, pero la participación de los bretones fue realmente baja: la mayor parte de la sociedad bretona no estaba interesada en este proyecto. El estatuto fue activado a pesar de que los políticos bretones sabían que excedía el límite constitucional y que podía ser recortado por la justicia. En 2009 el Tribunal Constitucional francés finalmente recortó el nuevo Estatuto para alinearlo con la Constitución francesa. Todos los medios de comunicación bretones, que se mantenían gracias a las subvenciones del gobierno regional, firmaron un editorial conjunto criticando lo que ellos llamaban el recorte del Estatuto. ¡Una auténtica celebración de la libertad de prensa!
La terrible crisis económica que azotaba Francia desde 2008 hizo que en la Bretaña francesa fuera más fácil manipular a algunas masas, ya de por sí manipuladas por el sistema de propaganda nacionalista—especialmente fuerte en el sistema educativo. Los activistas secesionistas lo aprovecharon en 2012 para provocar una explosión de separatismo en las calles. El influyente periódico regional La Vangarde—que siempre había destacado por su moderación y objetividad—con su director Antique, dispuesto a venderse al mejor postor, apoyó claramente la nueva e inesperada aventura independentista del gobierno regional bretón tras las manifestaciones.
Empezó entonces el espectáculo. El líder de los nacionalistas bretones de derechas, ahora como presidente, vio la luz, y supo cómo tapar la corrupción de su partido y culpar a París de los recortes. Se tiró al monte y se autocomparó con Nelson Mandela, Gandhi y Martin Luther King entre otros héroes de la lucha por las libertades. Gastando dinero público, viajó por todo el mundo para promover su plan separatista. En 2014, ignorando las resoluciones del Tribunal Constitucional francés, con fondos públicos, organizó una consulta en la que supuestamente votaron un tercio de los bretones, incluyendo a miles de perros, gatos, hámsteres y tortugas. Por si fuera poco, el gobierno bretón abrió embajadas, costeadas con dinero público para intentar recabar apoyos internacionales a su proyecto, sin ningún éxito. Creó, además, el Consorcio Diplobret que, con dinero público, se dedica a organizar numerosos eventos en universidades y entidades europeas para explicar que Francia, un estado autoritario, oprime a los pobres bretones que no pueden votar en un referéndum legal.
Increíblemente, el Estado francés ha permitido que, con el dinero de todos, los políticos y activistas separatistas se diviertan viajando, para hacer propaganda secesionista no sólo en los ámbitos políticos y diplomáticos, sino también universitarios y culturales. Por suerte, todas estas iniciativas tuvieron poco éxito y poca repercusión, pero el riesgo era enorme: es relativamente fácil manipular a quien no conoce la realidad jurídica, política y social del Estado francés.
El partido nacionalista bretón se unió a todos los otros partidos sectarios nacionalistas y la colación ganó las elecciones de 2015, formando una mayoría gracias al sistema electoral más manipulado y menos democrático de toda Europa. El nuevo gobierno bretón puso la directa y prometió independencia en 18 meses, para luego basar su estrategia en un nuevo plebiscito ilegal.
El líder de la oposición francesa, Pierre Sans—un lumbreras— al igual que los periodistas de La Vangarde y otros iluminados del club de los equidistantes, cree que el conflicto entre el estado francés y los separatistas bretones se puede solucionar fácilmente dialogando y negociando con estos últimos. Sin duda, los golpistas separatistas bretones estarán dispuestos a negociar cómo el estado francés va a costear la deuda y las pensiones del nuevo estado bretón.
Sorprendentemente, a 1 de agosto de 2017, el gobierno francés todavía no ha intervenido (temporalmente) la autonomía de la Bretaña francesa y la justicia francesa no ha condenado a ningún político bretón por malversación de fondos públicos y sedición. Mientras tanto, el gobierno regional bretón sigue gastando dinero que recibe del Estado francés para el proyecto de secesión y para hacer propaganda contra quien le financia. Estas cosas no pasarían en un estado fuerte, que no se deja amedrentar por los que quieren dar lecciones de democracia mientras roban una parte del Estado y construyen una dictadura por fascículos.
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