La propuesta del Ministerio de Transportes de paralizar durante uno o dos años el servicio de alta velocidad entre Barcelona y Madrid ha provocado un rechazo contundente. Diversas entidades económicas, colectivos de ingenieros y sectores vinculados al transporte exigen alternativas que eviten un cierre completo de la infraestructura, tal y cómo ha recogido el digital El Nacional.
El Colegio de Ingenieros de Caminos de Catalunya ha liderado las críticas contra un parón absoluto de la circulación. Su decano, Pere Calvet, advierte de que la trascendencia de esta conexión estratégica no permite prescindir de ella durante un período tan prolongado. Desde el colectivo profesional se propone como vía intermedia una reducción puntual de las frecuencias diarias de trenes. De este modo, los operarios dispondrían de margen para realizar los trabajos sin interrumpir por completo el paso de viajeros.
La patronal de la pequeña y mediana empresa en Cataluña, Pimec, respalda esta postura e insiste en el impacto directo sobre el tejido productivo. Aunque la organización admite la urgencia de modernizar las instalaciones, exige mantener abierta la ruta entre ambas capitales. Las organizaciones empresariales aragonesas también han mostrado su alerta ante la posibilidad de un cese del servicio. Cepyme Aragón remarca que la conectividad ferroviaria constituye un pilar esencial para mantener la competitividad de las compañías de la zona.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Zaragoza aboga por la prudencia y solicita consultar a equipos técnicos antes de adoptar cualquier medida definitiva. La entidad considera prioritario asegurar opciones de desplazamiento continuas para los usuarios habituales de la línea. Las repercusiones de un eventual cierre alcanzarían de forma inmediata al transporte aéreo comercial. Expertos del sector señalan las enormes dificultades operativas que supondría intentar absorber el volumen diario de desplazamientos que registra el tren.
En la actualidad, este corredor de alta velocidad traslada cada día a más de 40.000 viajeros entre Cataluña, Aragón y Madrid. Esta elevada demanda convierte la ruta en una de las arterias clave para la movilidad en todo el país. El debate actual contrapone la velocidad en la ejecución de las obras con la protección del tejido socioeconómico. Mientras el Ministerio busca optimizar los plazos de reforma, los agentes implicados reclaman planificación y diálogo social.
Las distintas organizaciones solicitan a la Administración central una mesa de negociación abierta antes de fijar el calendario definitivo. La prioridad de los colectivos es alcanzar un acuerdo que compatibilice las mejoras estructurales con el mantenimiento diario del servicio.
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