El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dejado de lado cualquier atisbo de moderación constitucionalista. Ha apoyado de manera reiterada las decisiones del Departamento de Políticas Lingüísticas —un mecanismo de control y fomento del monolingüismo— y defiende que la defensa del catalán es la «columna vertebral de la nación catalana».
El líder socialista, autodenominado «progresista», se reivindica así como el nuevo gestor del separatismo. Illa acepta la tesis de la «nación catalana» y coloca el catalán en el centro de su proyecto, confirmando la venta del PSC a la tradición supremacista que minimiza el español. Se acabaron las ambigüedades.
Esta retórica legitima la exclusión sistemática del español en la administración. Las instituciones controladas por el PSC rechazan el castellano en la rotulación, la señalización urbana y las comunicaciones públicas. Es un patrón antiguo, no una mera concesión por el pacto con ERC.
Entidades constitucionalistas, como Convivencia Cívica Catalana, denuncian la ingente labor de los socialistas en el hostigamiento al español en toda Cataluña. El PSC no solo ignora la cooficialidad; la desplaza activamente para contentar a los sectores más radicales.
La deriva del PSC ha pasado de la simple exclusión a una preocupante hispanofobia social. El supremacismo lingüístico, que ya llevó al alcalde Jaume Collboni a despedir a cerca de cincuenta trabajadores municipales por su falta de acreditación en catalán —entre ellos personal de limpieza y cocineros—, ahora fomenta la vigilancia ciudadana para denunciar y acosar en redes a aquellos comercios y dependientes que utilizan el castellano.
Esta persecución es puramente clasista. Las administraciones socialistas, tanto a nivel local como autonómico, financian y potencian a entidades que promueven el chivateo lingüístico, como Plataforma per la Llengua. El objetivo es hostigar a los trabajadores más vulnerables económicamente.
El acoso se ha hecho viral. Recientemente, son habituales las denuncias en redes a dependientas de supermercados o camareros que hablan en español, y a menudo se les tacha despectivamente de «invasores sin educación». Unos trabajadores que cobran poco más de mil euros son tachados de «invasores» por usar el español en España.
Esta humillación diaria a millones de castellanoparlantes es el resultado directo de la traición perpetrada por los socialistas. El separatismo, fracasado en su golpe de Estado del 1 de octubre, ha encontrado en Pedro Sánchez y Salvador Illa la herramienta para rehabilitarse y ejecutar su agenda.
Sin la amnistía, sin los indultos y sin el continuo flujo de dinero público que los socialistas envían a las administraciones secesionistas, el movimiento independentista estaría derrotado. Pero Illa y Sánchez prefieren apuntalar un proyecto de «nación catalana» que solo sirve a su objetivo de una futura República Confederal Ibérica, el gran sueño de Pedro Sánchez para mantenerse de manera indefinida en el poder.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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