Un editorial de elCatalán elogió la claridad del PSC a la hora de pedir a sus alcaldes que no cedan infraestructuras municipales ni dar ningún tipo de cobertura para la consulta ilegal del 1 de octubre. Miguel Lupiáñez, el alcalde de Blanes, del PSC, dice que «apoya» el referéndum y que votará en la consulta si se celebra, pero que no cederá instalaciones municipales para su celebración. Esa es la clave. Este regidor puede pensar lo que quiera, y ya decidirán los votantes socialistas de esta localidad si quieren que les represente alguien que tenga esas ideas. Aunque dudamos mucho que algunas de sus declaraciones sean compartidas por la mayoría de los ciudadanos que le votaron.
La clave es que no se cedan instalaciones municipales. Si Miguel Lupiáñez no facilita la celebración de la consulta ilegal, puede tener las ideas que quiera, que para eso España es un país democrático y respetuoso con la libertad de pensamiento y de expresión. Pero si el alcalde de Blanes acaba cediendo a las presiones secesionistas y colabora en la organización del ‘referéndum’, Miquel Iceta tendría un problema.
Hay que esperar a que se acerque la fecha del 1 de octubre. Pero la ejecutiva de Iceta se juega su credibilidad. Cualquier alcalde que colabore materialmente y esté dispuesto a ceder instalaciones municipales, se celebre o no al final el referéndum, debería ser expulsado del PSC, si quieren que nos creamos que no son cómplices de los secesionistas. Pero hasta que llegue ese momento hay que respetar la libertad de expresión de los ediles que quieran apoyar verbalmente el referéndum. El límite está en colaborar o no materialmente con medios pagados por todos los ciudadanos en la celebración de la consulta ilegal. Las declaraciones serán los votantes socialistas quienes las juzguen.
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