La Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo al profesor Francisco Oya bajo la excusa de «desatender el ejercicio de sus funciones docentes», «desobedecer una orden de un superior» y de «desacato a la autoridad, haciéndolo de forma ostentosa».
Suena a cachondeo que la Generalitat sancione a alguien por «desacato a la autoridad» cuando medio gobierno autonómico está en el banquillo acusado de delitos infinitamente más graves. Que los que intentaron dar un golpe de Estado a nuestro sistema democrático acuse a alguien de «desacato» parece un mal chiste.
Pero no lo es, es la enésima muestra de arbitrariedad de un gobierno autonómico, el catalán, que desprecia a media Cataluña, la que no es separatista, y a la que persigue y excluye de la vida pública.
Con saña y con odio, porque los actuales rectores de la Generalitat, con el «Le Pen Catalán» (Pedro Sánchez dixit) como president, demuestran cada día que consideran ciudadanos de segunda a los catalanes no nacionalistas.
Hoy ha sido Francisco Oya, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Simplemente por discrepar y oponerse al adoctrinamiento infantil que se produce cada día en centenares de escuelas públicas catalanas.
Porque los casos de manipulación, adoctrinamiento y propaganda secesionista que se producen cada día en las escuelas públicas catalanas la Generalitat ni los investiga, ni los sanciona
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.




















