No se puede tolerar que en una plaza de Gerona haya aparecido una guillotina con un mensaje amenazante contra Felipe VI. Eso es inducción al asesinato, es un delito, y merece ser perseguido.
Protestar contra la monarquía es lícito en un país democrático como el nuestro, siempre que se haga respetando las leyes. Pero lo de poner guillotinas y amenazar va más allá del legítimo, e imprescindible, derecho a la libertad de expresión.
Incitar al odio, y a la violencia, ha de merecer la repulsa de todos los demócratas, y el castigo penal correspondiente. Se ha de acabar la barra libre que algunos radicales secesionistas tienen, mientras que el Govern mira hacia otro lado.
Esperemos que tanto la fiscalía, como la policía autonómica, hagan su trabajo. Este tipo de barbaridades no pueden quedar impunes. Lo firma un «CDR», así que los Mossos ya saben por dónde comenzar las pesquisas.
Comentario editorial de elCatalán.es.
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