España ratificó en 2001 un tratado que nos obliga a tener disponibles líneas de enseñanza íntegramente en lengua regional en las Comunidades Autónomas bilingües, pero la Constitución prohíbe que el español sea excluido como lengua vehicular. La única forma de cumplir este tratado es dejando elegir lengua vehicular en la enseñanza, algo que ha sido declarado constitucional y que se hace en todos los países que han firmado el tratado en los mismos términos que España.
La elección de lengua vehicular tiene innegables ventajas desde el punto de vista pedagógico y del respeto a los que prefieren enseñanza íntegramente en lengua regional. Además no hay otra forma de cumplir el tratado y la Constitución.
*La enseñanza bilingüe obligatoria, con porcentajes de dos lenguas vehiculares es constitucional, pero no cumple el tratado.
*La enseñanza con solo lengua regional cumple el tratado, pero no la Constitución Española.
Solo hay dos posibilidades:
*Permitir elegir lengua vehicular.
*Abandonar el tratado.
El Tribunal Constitucional sentenció que si hay línea con todo en lengua regional tiene que haber también línea con todo en español.
La CELROM es un tratado cuya ratificación es voluntaria, pero su cumplimiento obliga ante la Justicia española, porque según el artículo 96.1 de la CE, ya es derecho interno español.
Hablamos Español denunciará a las autoridades competentes en los tribunales españoles y, llegado el caso, europeos, si no se resuelven favorablemente las peticiones de estas dos familias, es decir, si siguen sin cumplirse los compromisos adquiridos.
¿Por qué hemos elegido familias de Galicia y Comunidad Valenciana?
Ni en Cataluña ni en Baleares tiene sentido pedir enseñanza íntegramente en catalán, porque ya es prácticamente la única lengua de enseñanza.
En el País Vasco existe una línea solo en vasco. Se boicotea, pero sobre el papel existe.
Pero en la CV y en Galicia no hay enseñanza íntegramente en lengua regional porque aún hay alguna asignatura en español. En Galicia, por ejemplo, en Primaria Ciencias Naturales y Ciencias Sociales son obligatorias en gallego, pero las Matemáticas aún se imparten en español. A través de esta acción buscamos plantear esta cuestión para remover la política lingüística en materia de educación en toda España.
¿Qué es la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELROM)?
Es un tratado del Consejo de Europa para proteger los derechos de los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias. Fue suscrito por España en 2001, gobernando Aznar.
Como se ha dicho, este tratado se ratifica de manera voluntaria y los países que se lo hacen pueden elegir qué compromisos adquieren respecto a los hablantes de esas lenguas. Hay países como Francia, Irlanda o Grecia que no lo han ratificado. España decidió hacerlo y en el grado más ambicioso respecto al uso de las lenguas regionales.
Hay cinco países que han suscrito el tratado en los mismos términos que España respecto a las lenguas regionales cooficiales. Estos países son: el Reino Unido respecto al galés, Finlandia respecto al sueco, Eslovaquia respecto al húngaro, Eslovenia respecto al italiano y Rumanía respecto al húngaro y al alemán.
Como también se ha dicho, el artículo 96.1 de la CE establece que los tratados internacionales debidamente ratificados pasan a formar parte del ordenamiento interno español. Cada cierto tiempo –3/4 años–, un comité de expertos del Consejo de Europa visita los países firmantes para comprobar si están cumpliendo los compromisos adquiridos por cada país. Hasta ahora, esos informes han certificado el cumplimiento de los compromisos adquiridos en Cataluña. ¿Se han vuelto locos estos expertos del Consejo de Europa? Se preguntarán ustedes cómo pueden felicitar una aberración como la política lingüística de Cataluña. Tales políticas, además, van en contra de las recomendaciones de la UNESCO sobre la enseñanza en lengua materna desde 1953, e incluso en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (artículo 24).
La explicación es muy sencilla. Este tratado fue diseñado para proteger los derechos hablantes de las lenguas minoritarias, sobre todo las que no gozan de reconocimiento oficial, porque son los que podrían correr más riesgo de no verse respetados al menos en un cierto grado. Los derechos de los hablantes de la lengua o lenguas mayoritarias y oficiales, no hace falta protegerlos porque en ningún país (excepto España) se les ocurriría atentar contra ellos, restringiendo su uso, y menos en el ámbito de la enseñanza, que es un derecho fundamental.
El tratado aborda varios aspectos en los que se refiere el uso de las lenguas: la enseñanza, las administraciones públicas, la Justicia, los medios de comunicación, etc.
En lo que respecta a la enseñanza, en la CELROM se aclara que el país que la suscribe se compromete a garantizar el derecho a estudiar íntegramente en lengua regional o minoritaria al alumnado cuyas familias así lo deseen. Es, por lo tanto, un tratado diseñado para proteger los derechos de ese alumnado sin restar derechos al alumnado que quiera enseñanza en la lengua mayoritaria.
Los defensores de la imposición de lenguas siempre ocultan que los compromisos adquiridos por España CELROM implican enseñanza íntegramente en lengua regional o minoritaria para quienes así lo deseen.
Es más, omiten que el artículo 7.1.g de la Carta solo exige a los Estados firmantes de la misma que provean de los medios necesarios para que los no hablantes de las lenguas regionales puedan aprenderla si así lo desean; es decir, que ni siquiera exige que los hispanohablantes de las CCAA en las que hay lengua regional cooficial tengan que ser obligados a aprenderla.
A instancias de Gloria Lago, el comité de expertos incluyó un párrafo, a modo de salvedad, en su informe de 2012. Gloria Lago pidió al comité que aclarara que el objeto de esta Carta y que para darle cumplimiento bastaba con establecer un sistema de elección de lengua, permitiendo que hubiese líneas de enseñanza en lengua regional, pero facilitando, también, la existencia de líneas en español. A los expertos les pareció que eso era una obviedad, ya que así consta claramente en el tratado, pero se les explicó que los nacionalistas manipulaban el contenido del tratado dando a entender que para cumplirlo había que obligar a todos los niños a una enseñanza íntegramente en lengua regional, incluso a los no hablantes de la misma o que no la tuviesen como materna. Así lo hicieron constar en su informe de ese año, aclarando que la carta no obliga a que todo el alumnado reciba la enseñanza en lengua regional, sino solo a aquellos cuyas familias así lo deseen.
En cuanto a la enseñanza con dos lenguas como vehiculares, es constitucional, pero no cumple el tratado, ni con el tan manido 25%. Así lo ha dejado claro el comité de expertos.
En la mayoría de las comunidades autónomas, la enseñanza en la lengua cooficial se basa en un modelo de estructura bilingüe. Sin embargo, esto no se corresponde con los compromisos elegidos por España, que implican también una oferta de modelos de enseñanza impartida esencialmente en las lenguas regionales o minoritarias. La elaboración de un modelo de «plena inmersión» sumado al modelo bilingüe es el objetivo al que todas las comunidades autónomas implicadas deberían apuntar con miras a cumplir gradualmente los compromisos suscritos. Asimismo, se supone que es accesible un sistema basado en la educación esencialmente en la lengua para todos aquellos que lo solicitan, pero no obligatorio para todos los niños.
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