Hablamos Español afronta el tramo final de la recogida de firmas por la
libertad de elección de lengua con gran apoyo de la gente, e intentos de
boicot de varios ayuntamientos.
A la Asociación Hablamos Español le quedan algo más de tres meses para
reunir las 500.000 firmas certificadas que han de entregar en el Congreso
de los Diputados, para que su Iniciativa Legislativa Popular (ILP), a
favor de la Libertad de Elección de Lengua, se debata en el Congreso.
Debido a las trabas y zancadillas de algunos ayuntamientos de comunidades
autónomas con lengua cooficial, la asociación pro libertad de elección de
lengua ha tenido que reestructurar su campaña y prescindir de recoger
firmas con mesa y carpa en algunas ciudades, y va a llevar a cabo otro
tipo de iniciativas para compensar el tiempo perdido luchando en
rifirrafes con ayuntamientos.
Tras el anuncio en prensa del éxito de las recogidas de firmas con las que
arrancó la campaña, en la asociación Hablamos Español se han ido
encontrando con todo tipo de trabas, boicots, e incluso cancelaciones. La
casuística de lo sucedido a lo largo de estos meses es variada, y va desde
declarar prohibido un punto de la ciudad para este tipo de actividades,
justo después de recibir la petición de Hablamos Español para ese preciso
lugar, hasta enviar a la Policía Local para amenazar con multas con los
pretextos más peregrinos. En algunos casos, después de haber sorteado
todos los obstáculos y haber satisfecho las más variopintas peticiones del
departamento correspondiente, no se les envió el permiso supuestamente
concedido, o se les requirió para que aportaran un listado con nombres y
teléfonos de todas las personas que pudieran en algún momento participar
en la recogida de firmas, algo completamente innecesario y con visos de
tener intencionalidad disuasoria, tratándose de localidades “oficialmente”
hostiles a la libertad de lengua. En otros casos la Policía Local conminó
por teléfono a la presidente de la asociación, Gloria Lago, a que se
retiraran unas inexistentes pancartas bajo la amenaza de multa. En tres
casos hubo que suspender la actividad por presiones de la Policía Local.
Dos de ellos han dado lugar a una queja ante el ayuntamiento, y otro ha
desembocado en una denuncia en Comisaría. En otros casos se eternizaba la
concesión del permiso con todo tipo de pretextos, entre ellos alguno tan
ridículo, como que el funcionario se sentía incapaz de interpretar la
póliza de seguro de la asociación. Este tipo de problemas sucedieron en
lugares de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. En Galicia está
previsto iniciar la campaña en la calle en mayo, buscando una climatología
más favorable. En otras ciudades de España los permisos se concedieron sin
problemas.
Hablamos Español sigue cosechando un enorme apoyo, y allí donde se han
podido organizar recogidas de firmas, se forman colas incluso antes de
haber instalado la mesa, y las personas que acuden, protestan y se
lamentan de lo absurdo que resulta que la gente de a pie tenga que
organizarse para que se vean reconocidos unos derechos tan básicos como
poder escolarizar en español a los niños en cualquier lugar del país, ser
atendidos en la lengua común en todos los organismos oficiales de España,
y no ser discriminado a la hora de acceder a un empleo público.
La asociación pro libertad de lengua ha optado por incrementar las
recogidas de firmas en localidades más pequeñas y en las ciudades más
problemáticas asistirá a lugares de grandes concentraciones, para
recoger firmas sin mesa pero con grandes globos que les den visibilidad.
Por otra parte, se ha intensificado la red de fedatarios, que ya en
número de 1.700, distribuidos por toda España, recogen y dan fe de la
autenticidad de las firmas.
La campaña de Hablamos Español, no solo tiene como meta lograr las firmas
necesarias para llevar la ILP de Libertad de Elección de Lengua al
Congreso, sino también informar, lograr que en toda España se sepa que
este problema afecta ya a todas las comunidades autónomas con
cooficialidad, y que la solución está en aplicar una ley como la que
propone Hablamos Español, homologable a la legislación de todos los países
con más de una lengua en parte de su territorio, un sistema positivo para
los alumnos y para todos los ciudadanos, el único acorde a la vez con la
doctrina del Tribunal Constitucional y con los tratados internacionales
suscritos por España.
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