El simulacro de referéndum que perpetran los partidos secesionistas que gobiernan Cataluña es una burla a las normas democráticas y al Estado de derecho. En su desvarío por dividir a los ciudadanos están tensando la cuerda de tal manera que las heridas en la sociedad catalana tardarán décadas en curarse. Han sembrado la discordia solo para mantenerse en el poder y, en el caso de la antigua Convergència, intentar desviar la atención sobre las corruptelas que asolan a esta formación.
La pregunta y la fecha son lo de menos, son dos elementos propagandísticos para consumo interno de los votantes separatistas. La convocatoria de una consulta ilegal, si al final se produce en el Diari Oficial de la Generalitat, sería un atentado a la soberanía nacional y el Gobierno de la Nación tendría de actuar con toda la contundencia que permite el Estado de derecho. Primero se ha de restaurar el respeto a la Ley, y una vez se haya restablecido la normalidad democrática ya llegará el tiempo de restañar heridas y buscar algún tipo de respuesta al difícil laberinto secesionista.
Pero no se puede sentar el precedente de que saltarse las normas de manera continuada sale gratis. Cualquier “operación diálogo” ha de estar basada en que la Ley democrática ha de ser respetada. El Gobierno de la Nación y los partidos constitucionalistas hasta ahora han seguido esta línea, que creemos es la que se ha mantener. Si mantienen la firmeza contarán con el apoyo de millones de catalanes que están hartos de la deriva separatista.
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