La televisión pública española ha perdido por completo el norte de la austeridad y el servicio al ciudadano. Las recientes revelaciones del diario El Mundo sobre los costes internos de La Revuelta han confirmado los peores augurios sobre el desembarco de David Broncano en la corporación estatal. El presentador estrella percibe una cantidad que en varios programas supera los 21000 euros por cada emisión diaria en el ente público.
Esta cifra resulta moralmente inaceptable para un medio de comunicación que se financia de manera obligatoria con los impuestos de los españoles. El lema separatista de «Espanya ens roba» suena a chiste ante el sueldo del presentador. Quien nos «roba» a todos los españoles es David Broncano.
Al tratarse de un formato diario que exige una producción continuada, la suma total de este capricho audiovisual se dispara por encima de los tres millones de euros anuales exclusivamente para su conductor. Este dispendio no resiste ninguna comparación con los salarios del sector público ni con la realidad económica de las familias españolas. La izquierda gobernante utiliza los presupuestos generales como si fueran su propia caja de resistencia para comprar complicidades juveniles y perfiles afables.
La justificación de las audiencias no puede servir de escudo para amparar semejante despropósito financiero en una administración y menos aún cuando encima no se consigue el objetivo y La Revuelta a menudo está por debajo de la media de la cadena. El dinero público tiene una función social y de control riguroso que no se puede pervertir para inflar las cuentas corrientes de productoras privadas afines al relato gubernamental. Mientras los servicios informativos tradicionales sufren recortes estructurales y la plantilla de la casa denuncia la falta de medios, el bolsillo del presentador se blinda con contratos multimillonarios. La paradoja de exigir subidas de impuestos a las clases medias mientras se riegan estos sueldos de escándalo define perfectamente la hipocresía de la gestión socialista.
La opacidad con la que se ha gestionado este proyecto desde su génesis demuestra que las instituciones culturales del Estado se están utilizando de forma partidista. Resulta llamativo que un espacio que presume diariamente de conectar con las clases populares y de fustigar a los poderosos se sostenga sobre un privilegio económico tan descomunal. El dinero destinado a pagar una sola hora de entretenimiento nocturno bastaría para financiar servicios esenciales que se encuentran en situación precaria dentro de las competencias del Estado. El ejecutivo ha preferido priorizar la batalla por el relato nocturno antes que el rigor presupuestario.
La renovación anticipada del formato para las próximas dos temporadas no hace más que profundizar en este modelo de despilfarro sin control. La corporación pública se ha convertido en un territorio donde la eficiencia económica ha sido sustituida por la rentabilidad política a corto plazo. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada euro invertido en la televisión de todos responda a criterios de moderación y decencia institucional. El caso de La Revuelta quedará en la crónica de este ciclo político como el ejemplo definitivo de cómo la izquierda entiende el servicio público: un altavoz carísimo pagado por la mayoría para el beneficio de unos pocos escogidos.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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