Entrevista a Josu de Miguel: “El nacionalismo quiere la independencia para dejar de redistribuir”

El ensayista Josu de Miguel.

Josu de Miguel es profesor de Derecho Constitucional y columnista en las páginas de The Objective y Crónica Global. Además, ha escrito junto a Javier Tajadura el celebrado ensayo Kelsen versus Schmitt. Política y derecho en la crisis del constitucionalismo (Guillermo Escolar). De Miguel se muestra en esta entrevista muy crítico con la idea de una España “plurinacional”, que consiste en que “se pueda ser español de muchas maneras, pero vasco o catalán solo de una”.

En Kelsen versus Schmitt se analiza la figura de dos juristas con visiones antagónicas sobre el derecho constitucional. ¿Se puede extraer de ellos alguna lección aplicable al caso catalán?

Por supuesto. José Esteve dijo el otro día que ambos continuaban su lucha intelectual en Cataluña y tiene razón.

De Kelsen deberíamos haber aprendido que sin una cosmología muy concreta —compromiso, respeto a la ley y garantía de los derechos de la minoría— no hay posibilidad de una democracia representativa estable.

Del jurista de Plettenberg, que si se tensiona schmittianamente hasta límites insospechados el sistema constitucional, puede reaparecer un soberano que decida para resolver la situación de excepcionalidad, lo cual no deja de ser paradójico.

Parte del separatismo justifica su rechazo a la Constitución alegando que “no la han votado”. ¿Es un argumento consistente?

Todas las Constituciones tienen carácter intergeneracional. Ello significa que se superó aquella propuesta inicial de Jefferson de que cada generación tuviera una nueva Norma Fundamental. Las sociedades requieren estabilidad. Por ello, para establecer una dialéctica razonable entre cambio y permanencia las Constituciones instauran mecanismos de reforma para adaptar los intereses de la comunidad política a las transformaciones socioeconómicas y políticas.

Por ello, la impugnación del independentismo catalán —o del nacionalismo vasco— tiene como único objetivo deslegitimar la Constitución española. A buen seguro que una hipotética Constitución catalana o vasca jamás reconocería su propia defunción generacional: ninguna lo hace.

Por su parte, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha reivindicado que Cataluña es un “ente político y nacional” anterior a la Constitución. Se basa en que en 1892 se aprobaron las “Bases de Manresa”, un proyecto de constitución catalana. ¿Está Budó en lo cierto?

El argumento de Budó es puramente historicista. Nadie niega que desde finales del siglo XIX en el País Vasco y en Cataluña se ha ido desplegando una conciencia nacional. Sin embargo, en este plano yo soy puramente primordialista: es nación aquella comunidad política que ha alcanzado tal madurez que se ha convertido en Estado. Desde este punto de vista, antes de la Constitución española de 1978 solo había nación española políticamente hablando, que es la que hace uso del poder constituyente a través de la soberanía.

Tanto Podemos como los comunes siguen defendiendo el derecho de autodeterminación como vía para solventar el conflicto en Cataluña. ¿Es este derecho legítimo en una democracia?

Como ya vio Tocqueville, la democracia es una tradición filosófica que tiene como objetivo fundamental igualar las sociedades mediante la participación ciudadana. En un país donde tal objetivo está garantizado constitucional y estatutariamente, el principio de autodeterminación ya está presente y opera, con más o menos fortuna, en la sociedad española, vasca y catalana. Sin embargo, reivindicar la autodeterminación como procedimiento para elevar a categoría absoluta un derecho a la diferencia, solo muestra la avería ideológica de los diversos proyectos políticos de la izquierda española. La derecha nacionalista lo tiene más claro: “Nos queremos independizar para dejar de redistribuir”.

¿Y qué opinión le merece la apuesta de la nueva izquierda por una “España plurinacional”? ¿Es un proyecto deseable?

El artículo segundo de la Constitución ya establece una España plurinacional: una nación española civilizatoria que se enriquece con el “eros” de las nacionalidades y regiones. Sin embargo, la “España plurinacional” que solemos escuchar no tiene nada que ver con esta interpretación: se trata de que se pueda ser español de muchas maneras, pero vasco o catalán de una sola.

Lógicamente, esta propuesta implica, en lo relativo a su institucionalización, pasar del plano federal en el que trata de moverse el Estado autonómico, al plano confederal, históricamente superado. Por ello lo considero poco deseable.

Desde el bando separatista, se lamenta con frecuencia la “judicialización de la política”. ¿Son quejas razonables?

Lo entiendo perfectamente. El nivel de corrupción del lenguaje político en Cataluña ha llegado a tal nivel, que una parte importante de la sociedad cree que el voluntarismo democrático —que no deja de ser un decisionismo plebiscitario— no puede encontrar límite jurídico alguno.

Es un proceso muy largo que viene cultivándose en el periodismo y la academia de forma paciente y aparentemente inocua desde hace décadas. Cataluña es hoy una democracia plebiscitaria donde el equilibrio entre política y derecho se ha roto totalmente a favor de la primera. Lógicamente, la abogacía del Estado o la Fiscalía no opinan de la misma manera.

Mientras las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 son recordadas por muchos como un agravio contra la ciudadanía, no sucede lo mismo con lo ocurrido el 6 y 7 de septiembre en el parlamento catalán. ¿Por qué razón?

Sin duda, el 1 de octubre fue un día aciago para la democracia española, no solo por las imágenes de violencia policial, sino porque el Gobierno de la Nación demostró una gran incompetencia y falta de rigor. El artículo 155 de la Constitución debió aplicarse durante el mes de septiembre, para que no llegara a producirse una colisión entre el deseo constituyente de dos millones de catalanes y la realidad constitucional del Estado. Así las cosas, para el independentismo todo lo ocurrido en el otoño de 2017 pasará a formar parte del mito que nutrirá en el futuro el imaginario nacionalista de las generaciones hoy más jóvenes.

La inmersión lingüística obligatoria en catalán no solo es defendida por el nacionalismo, sino también por parte de la izquierda. ¿Qué opinión le merece este sistema?

No soy un experto en temas lingüísticos. La inmersión —que en el País Vasco nunca pudo ser planteada— tuvo y tiene como objetivo último garantizar los derechos de los catalanohablantes y proteger una lengua históricamente postergada. Ambos objetivos tienen rango constitucional y estatutario. El problema, obviamente, es su aplicación práctica, pues se confunde inmersión con vehicularización de la lengua, a pesar de los continuos recordatorios del Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, me parece que sería de ingenuos no apreciar que la lengua sigue siendo un elemento trascendental de la construcción nacional. El problema que veo tanto en Cataluña como en el País Vasco, es que esta última variable no estaba en la agenda de los consensos sociales que se construyeron al inicio del Estado autonómico. Desde este punto de vista, no extraña que se generen conflictos, sobre todo cuando está en marcha un proceso secesionista.

Nació en Bilbao pero vive en Barcelona desde hace casi una década. ¿Cómo valora la programación de TV3? ¿Es, como señalan sus críticos, una televisión de parte?

Bueno, yo veo más la ETB que TV3, por aquello de saber lo que pasa en mi patria chica. En ambos casos atisbo una tendencia bastante clara por afianzar un relato y lenguaje político vinculado a la construcción nacional de la que hablaba antes. TVE tiene quizá un sesgo más partidista, vinculado al partido gobernante. Todo ello no hace sino confirmar una tendencia general y que no es otra que la falta de neutralidad institucional de los directivos y profesionales de los medios de comunicación públicos. Me parece que este será, en el contexto de las sociedades conflictivas y divididas que están emergiendo, un tema de especial relevancia para las agendas de reforma constitucional que se vayan formulando.

El separatismo sigue negando que exista una fractura social en Cataluña. ¿Cuál es su experiencia al respecto? ¿Hay o no fractura?

Claro que existe fractura. Lo que ocurre es que, como nos enseñó Erving Goffman hace mucho tiempo, las personas tenemos estrategias para hacer viable nuestra existencia cotidiana. Lo que han hecho los catalanes que navegan entre el independentismo y el unionismo es dejar de hablar del tema, como hicimos en el País Vasco cuando existía ETA. En la Universidad, al principio, se debatía y se discutía entre profesores a nivel académico y personal sobre el procés. Desde hace unos años, como consecuencia del cansancio y de la carga emocional del tema, se aparta el asunto, se charla sobre cuestiones banales y se hace un esfuerzo encomiable por tener una vida civilizada entre compañeros. Cuando alguien quiere hablar del procés busca a los amigos que le dan la razón y así no hay problemas. No creo que haya un ejemplo más claro de fracaso colectivo de una sociedad democrática.

Por Óscar Benítez


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