En defensa del derecho a recibir la enseñanza en español

La actual coalición reaccionaria y separatista del Gobierno ha dado un paso más para destruir la unidad e igualdad de derechos de todos los españoles. La nueva Ley de Educación elimina el español como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza con la pretensión final de eliminar su condición de lengua común de todos los españoles.

Ningún padre ni alumno podrá reclamar el recibir ni una hora de enseñanza en español. Cada Comunidad Autónoma podrá establecer la lengua vehicular y el nivel de enseñanza del español que quiera. Poco importa que la Constitución diga en su artículo 3º que el español es la «lengua oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». En la ley y en la práctica, este artículo queda abolido. Cuarenta años de gobiernos nacionalistas y filonacionalistas en algunas comunidades han perseguido e impuesto en la práctica lo que ahora el gobierno de Sánchez les otorga por ley. Es como dejar al zorro el cuidado de las gallinas.

Un Estado que renuncia a tener una lengua oficial y a establecer un control sobre su sistema educativo, deja de ser un Estado democrático. La enseñanza es el principal instrumento  redistributivo e igualitario, que ofrece a cualquier ciudadano las mismas posibilidades de desarrollo y promoción. Al imponer la enseñanza en catalán, vasco, gallego o cualquier otra neolengua regionalista, y excluir al español, se da todo el poder educativo a las minorías nacionalistas y locales en contra de los intereses de la mayoría, y especialmente de las clases trabajadoras y con menos recursos, a las que se discrimina, divide y enfrenta por razones lingüísticas. Un poder que usarán para destruir cualquier vínculo lingüístico, mental y emocional con España y así lograr su principal objetivo, que no es otro que demoler el Estado y la Constitución democrática que lo sostiene.

El derecho a recibir la enseñanza en español es inseparable de la condición de ciudadano, sea cual sea el lugar donde se haya nacido o donde se viva. No es un derecho negociable ni sometido a ningún acuerdo o cambalache político. Pertenece a cada alumno y cada padre puede exigirlo como un derecho constitucional básico e irrenunciable. Se basa a su vez en otro universalmente reconocido: el derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna, lengua que en este caso es, además, la más común entre los españoles, y como tal, la única lengua nacional de España.

Sólo respetando este derecho prioritario se puede establecer la enseñanza de otra lengua cooficial, nunca eliminando el español, como de hecho ocurre hoy en Cataluña gracias a la claudicación de todos los gobiernos desde hace 40 años. Que en Cataluña se persiga hoy el uso del español en todo el ámbito educativo, no sólo en las aulas, sino en pasillos, patios y comedores, y en la comunicación con los padres; y que ni siquiera se respete la norma de ofrecer un exiguo 25% de clases en español logrado en los Tribunales, es algo absolutamente intolerable. Que el TS, el TC, y los Tribunales Superiores de las distintas comunidades autónomas hayan fallado en numerosas ocasiones contra la violación de este derecho, y sin embargo hayan consentido que se burlen sus sentencias una y otra vez con el beneplácito de todos los partidos gobernantes, incluidos el PP y PSOE, les hace a todos cómplices del atropello.

Resulta de un cinismo insultante que la Ley establezca, al mismo tiempo que elimina el español, que los alumnos tendrán que alcanzar al final de la enseñanza obligatoria un «conocimiento y dominio pleno del castellano». ¿Se puede exigir el conocimiento de una lengua que no sólo no se enseña, sino que se persigue? ¿Y quiénes serán los encargados de certificar este dominio? Los mismos que quieren acabar con el español y desterrarlo de la vida pública y social por considerarlo un obstáculo para sus fines separatistas. El lobo vigila a las ovejas. La Ley establece que serán «las administraciones educativas» de las CA las encargadas de la «verificación, análisis y control» de su propio sistema educativo. Desaparece la Alta Inspección. El Estado acepta así su propia desaparición en el ámbito educativo, el troceamiento de la soberanía nacional y su entrega por fases a los separatistas.

El idioma español es un bien común, forma parte esencial del bien común. La finalidad suprema del Estado es la defensa del bien común, de los intereses de la mayoría frente a cualquier privilegio de clase, económico, de lengua, de origen, étnico o territorial. El Estado democrático se rompe y claudica de su principal función si acepta cualquier privilegio contrario a la igualdad de todos los ciudadanos. No existe más que una sola ciudadanía. Esta Ley es profundamente antidemocrática, clasista, consagra privilegios y ataca a la libertad que tiene todo ciudadano de poder usar el español en su relación con la administración y con los demás ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional.

El control de la lengua en la enseñanza forma parte de un proyecto totalitario que pretende dominar la mente y los sentimientos de los ciudadanos. Va en contra de la libertad esencial del ser humano a usar en todo momento la lengua que quiera y del derecho de cualquier niño a aprender la lengua de sus padres, que además es la lengua oficial de su país. No hay democracia en el mundo en que se permita nada parecido. No puede haber un ejemplo de tiranía mayor que el despojar a alguien de su propia lengua para imponerle otra que sirve a los intereses de una minoría privilegiada. Que partidos de izquierdas lo defiendan e impulsen es una prueba inequívoca de su deriva retrógrada y antidemocrática, de traición a los principios de igualdad y justicia más elementales. Deben ser por ello denunciados y combatidos. dCIDE llama a todos los ciudadanos a oponerse a este nuevo ataque a los fundamentos de nuestra democracia y a luchar contra quienes lo promueven.

Por su parte, Centro Izquierdea de España (dCIDE) instará al Defensor del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma porque tanto en el espíritu del Art. 3.1 de la Constitución: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el derecho de conocerla y el derecho a usarla”, como en las sentencias del Tribunal Constitucional 337/1994, como en la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña dejan sentado la “conjunción lingüística” por la que castellano y catalán serán lenguas vehiculares sin que ninguna de ellas podrá ser exclusiva ni excluyente. Dicho de otro modo, el gobierno de Pedro Sánchez está prevaricando, pues en la práctica, legisla a sabiendas de que está yendo contra la propia ley.

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