El pasado día 14 de julio asistí a la última sesión parlamentaria previa al periodo estival, que se celebró en el Congreso de los diputados. Después del debate de política general sobre el Estado de la Nación que ocupó los dos días anteriores, el Gobierno para cerrar el ciclo parlamentario, había reservado para su aprobación la proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, y el Proyecto de Ley de Memoria Democrática.
El primero pretendía romper el bloqueo mutuo que ha durado varios años entre el PSOE y el PP, para nombrar dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, imponiendo el Gobierno por elección unilateral los dos nuevos miembros, que como es sabido simpatizan con el ejecutivo y con su ideología socialista. Como es lógico el Partido Popular había obstaculizado hasta entonces ese cambio, porque los dos magistrados salientes eran de su órbita política, y con este cambio se pasaba de una mayoría conservadora a una mayoría progresista en el seno del Tribunal Constitucional.
Resulta profundamente lamentable que el partido del Gobierno y el principal partido de la oposición, pretendan tener un control político del supremo órgano legislativo, para eliminar cualquier impedimento a sus decretos y acciones políticas, como por ejemplo en las dos sentencias revocatorias del estado de alarma por vulneración de las libertades públicas, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, derivadas de dos recursos de VOX. En el trámite parlamentario de fijación de posiciones, el Grupo Parlamentario VOX por medio de su diputado Javier Ortega Smith, defendió encarecidamente que sean los mismos jueces y no los políticos, los que elijan a los miembros del Tribunal Constitucional, precisamente para evitar que los partidos políticos por medio de sus representantes controlen el poder judicial.
Nuestra democracia y el Estado de derecho se fundamenta en la división de poderes, en el que el poder ejecutivo está en manos del gobierno de coalición del PSOE y de Podemos, el poder legislativo lo ostentan todos los partidos parlamentarios, pero en teoría el poder judicial debería de estar al margen de los partidos políticos, porque una de sus funciones fundamentales, es precisamente la de controlar la acción de gobierno y a los mismos partidos políticos, para que no perviertan el sistema democrático y las libertades públicas.
Por lo que respecta al Proyecto de Ley de Memoria democrática, que complementa la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, supone otro giro de tuerca contra la voluntad de reconciliación de los españoles, y contra el espíritu profundamente democrático de la transición española. Este nuevo bodrio legislativo asume de pleno la ideología de Bildu y de Podemos, imponiendo doctrinalmente que hubo una prolongación del franquismo que duró hasta el año 1983.
Bajo esta manipulación de la realidad de los hechos, se llega a la conclusión de que ETA y otras organizaciones de izquierdas que asesinaron a 388 españoles durante el periodo 1975 a 1983, lo hicieron en defensa de la democracia y contra el franquismo. Con esta lógica espantosa, en el futuro podremos ver que se prohibirán los homenajes a policías nacionales, guardias civiles, militares y civiles asesinados durante los llamados «años de plomo», porque sus asesinos actuaban en la prolongación de su lucha contra el franquismo, mientras que los presos y liberados etarras serán héroes de la democracia y de la libertad recibiendo homenajes de todo tipo.
Visto lo visto me siento orgulloso como afiliado y como diputado, de pertenecer al único partido que defiende «íntegramente» los derechos de los españoles, y las libertades públicas y democráticas del Estado de derecho.
Juan Carlos Segura Just. Grupo parlamentario VOX en el Congreso
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