La denuncia por parte de Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución al Tribunal de Cuentas para investigar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 sigue su curso.
Ambas asociaciones, de forma conjunta, presentaron un escrito con la intención de abrir un proceso mediante el cual se confirmara que hubo desvíos de fondos públicos, bajo la autorización del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su equipo de gobierno, para sufragar aquella votación suspendida previamente por el Tribunal Constitucional.
Tras las alegaciones presentadas posteriormente por el Ejecutivo catalán con la intención de evitar que la investigación siguiera su curso, el tribunal ha publicado este viernes un auto en el que asegura que rechaza estas alegaciones y confirma que el caso sigue abierto, con el nombramiento, además, de un instructor.
De esta manera no sólo se investigarán todos los gastos realizados por parte de la Generalitat para celebrar la votación ilegal, sino que también se realizará un análisis exhaustivo del gasto que llevó a cabo el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) y la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TV3 y Catalunya Ràdio), con la pretensión de reclamar los costes a los responsables, tal y como ocurrió con los gastos de la consulta del 9-N.
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