Los 2,1 millones de euros que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) depositó como aval por malversar dinero público en la organización del referéndum ilegal seguirán consignados en el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador ha rechazado la petición de la formación independentista, que había reclamado la devolución inmediata del dinero.
Asimismo, el Tribunal también ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por los europarlamentarios Carles Puigdemont y Antoni Comín, al que se sumaron Josep Manuel Suárez, Martí Anglada y Lluís Puig, contra un decreto del citado Tribunal por el que se admitía a trámite una demanda presentada por la Fiscalía por responsabilidad contable contra varios de los principales líderes del procés independentista, a los que reclama 3,4 millones de euros.
Tanto el Ministerio Fiscal como Societat Civil Catalana (SCC) impugnaron los recursos de reposición presentados por los dirigentes independentistas. La decisión anunciada finalmente por el Tribunal de Cuentas da al traste con la intención de Puigdemont y Comín de quedar al margen del procedimiento y deja claro que ser miembro del Parlamento Europeo no exime de cumplir con la responsabilidad contable frente al Tribunal de Cuentas.
El pasado mes de febrero, Societat Civil Catalana registró en el Tribunal de Cuentas una demanda contra once ex altos cargos de la Generalitat, a los que acusa de haber malversado 5.309.807,02 millones de euros, al margen de las competencias estatutarias de la Generalitat, en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la propaganda internacional del procés.
En el mes de abril, los líderes independentistas interpusieron varios recursos de reposición contra el decreto del Tribunal de Cuentas e inmediatamente el Ministerio Fiscal y Societat Civil Catalana los impugnaron, pidiendo la desestimación de los mismos.
La decisión de Tribunal de Cuentas refuerza la posición de SCC cuya presidenta, Elda Mata Miró-Sans, exige “que el dinero público malversado se devuelva y destine a fines legales y al bien común”. “La Generalitat ha dedicado durante años millones de euros de las arcas públicas, pagados con nuestros impuestos, a impulsar actuaciones sectarias que atentan contra la ley y los principios básicos del Estado de derecho”, ha resaltado Mata Miró-Sans. En este sentido, ha dejado claro que SCC no permitirá que el gobierno catalán siga actuando “con total impunidad” y, en consecuencia, “responderemos con una acción judicial a cada acto de ilegalidad”.
Por su parte, el Bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que representa a Societat Civil Catalana, considera que estas resoluciones permiten “garantizar parte del dinero que el independentismo malversó, con la finalidad de que pueda ser devuelto a todos los catalanes” y “garantizan que Carles Puigdemont vaya a ser parte en el procedimiento de principio a fin, sin poder eludir sus responsabilidades”.
Los incausados en la demanda presentada por SCC son: Carles Puigdemont (3.303.000€), Oriol Junqueras (2.515.000€), Artur Mas (1.840.000€), Raül Romeva (617.000€), Dolors Bassa (1.301.000€), Francesc Homs (1.936.000€), Antoni Comín (1.134.000€), Clara Ponsatí (900.000€), Jordi Turull (505.000€), Neus Munté (338.000€) y Lluis Puig (238.000€).
Societat Civil Catalana les acusa de haber utilizado locales públicos para la consulta ilegal, violando así la neutralidad del espacio público, y de destinar dinero público a gastos de difusión e infraestructuras digitales para promoción del referéndum ilegal. Dinero del conjunto de los ciudadanos que también sirvió para sufragar las papeletas, pagar viajes a supuestos observadores internacionales y contratar a lobbies para la promoción de la causa independentista.
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