El Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a quedar señalado por su deficiente gestión de la seguridad nacional. Un demoledor informe del Tribunal de Cuentas recogido por Okdiario revela que la Guardia Civil se ve obligada a navegar con embarcaciones totalmente obsoletas. Esta falta de inversión no es solo una cuestión de mantenimiento, sino un ataque directo a la eficacia de nuestras fronteras.
Las cifras que arroja el órgano fiscalizador son impropias de un país de la Unión Europea. A principios de este 2025, el 47% de las patrulleras del Servicio Marítimo operaban excediendo su periodo teórico de vida útil. El Gobierno está forzando a los agentes a jugarse el tipo en alta mar con medios que deberían estar en un desguace o en un museo.
La situación es todavía más sangrante en una de las categorías de embarcaciones destinadas a la vigilancia costera. En este segmento, el 83% de las naves en servicio han superado el tiempo máximo de funcionamiento recomendado. Es decir, ocho de cada diez barcos clave para nuestra seguridad están oficialmente caducados por la desidia del Ministerio.
El informe advierte que la precariedad de los medios limita gravemente la operatividad en el control del narcotráfico. Mientras las mafias del Estrecho renuevan sus flotas con potentes narcolanchas, Interior deja a la Benemérita a la deriva.
La inmigración ilegal es el otro gran frente donde este abandono institucional resulta especialmente costoso. Sin una flota moderna y operativa, la vigilancia de nuestras aguas territoriales se convierte en una misión imposible. El Tribunal de Cuentas es claro: la planificación de las inversiones de Marlaska durante los últimos tres años ha sido un fracaso absoluto.
Los datos de inoperatividad reflejan un escenario de parálisis operativa que asusta por su magnitud. Durante el año 2024, más del 40% de las embarcaciones de la Guardia Civil permanecieron amarradas por averías o falta de seguridad. En las unidades de vigilancia más críticas, el porcentaje de barcos que no pudieron salir a faenar superó el 50%.
Básicamente, una de cada dos naves de la Guardia Civil quedó fuera de servicio el pasado ejercicio por falta de mantenimiento o antigüedad. Es el resultado de una política de recortes encubiertos que afecta a la columna vertebral de nuestra seguridad marítima. El Ministerio prefiere desviar fondos hacia otros menesteres ideológicos antes que renovar las herramientas de trabajo de los agentes.
El informe de fiscalización abarca los ejercicios 2021, 2022 y 2023, confirmando que la crisis de materiales no es un hecho puntual. Se trata de un problema estructural provocado por una gestión que desprecia la seguridad ciudadana. La izquierda en el Gobierno ha demostrado que la Guardia Civil no figura entre sus prioridades estratégicas.
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