El pleno del Tribunal Constitucional, dirigido por el socialista Cándido Conde-Pumpido, ha dado luz verde este martes por mayoría a la amnistía del delito de malversación vinculado al referéndum ilegal del uno de octubre de 2017 y cumple así la voluntad del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Esta resolución judicial afecta de lleno a siete destacados dirigentes separatistas que hasta ahora mantenían cuentas pendientes con la justicia española y cuyos partidos, ERC y Junts, fueron claves en la investidura del actual presidente del Gobierno.
La decisión responde al recurso de amparo presentado por la exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa. El ponente del texto ha sido el propio presidente del tribunal, Cándido Conde Pumpido, quien ha argumentado que el Tribunal Supremo incurrió en una interpretación extensiva y contraria al espíritu de la norma.
Con este fallo, el alto tribunal obliga a la justicia ordinaria a modificar su criterio y aplicar de forma directa el perdón penal. Como consecuencia directa, Bassa, que fue condenada por el Supremo, verá archivada la inhabilitación para cargo público que pesaba legalmente sobre ella hasta el año 2030. El criterio adoptado se extenderá de manera inmediata a otros líderes condenados por el mismo delito, como Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva.
Asimismo, la medida allana de forma decisiva el camino para el retorno a España del expresidente catalán huido Carles Puigdemont. También se beneficiarán de este giro judicial los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, residentes en el extranjero desde 2017. Este movimiento del órgano de garantías vuelve a poner de relieve la profunda brecha institucional generada por los pactos políticos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el separatismo.
Cabe destacar que la resolución no ha sido pacífica dentro del propio tribunal, ya que ha contado con cinco votos particulares en contra. Esta fuerte división refleja el cisma jurídico existente respecto al encaje constitucional de una medida de gracia tan contestada socialmente. Una vez que la sentencia sea comunicada formalmente y publicada en el Boletín Oficial del Estado, el Tribunal Supremo deberá dictar una nueva resolución ajustada a las directrices impuestas. Se abre así un nuevo episodio de tensión entre los máximos órganos de la judicatura española.
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