La política española parece haber perdido definitivamente el sentido de la dignidad. El anuncio del regreso de Mónica Oltra a la primera línea para aspirar a la alcaldía de Valencia es un ejercicio de cinismo que degrada nuestras instituciones. Resulta bochornoso que quien falló de manera tan estrepitosa en la protección de una menor tutelada pretenda ahora dar lecciones de ética desde el cartel electoral.
La gestión de Oltra en el caso de los abusos cometidos por su entonces marido fue, cuando menos, una mancha imborrable en su currículo. Mientras se presentaba como el azote de la corrupción, en su propia conselleria se tejía una red de desprotección hacia la víctima más vulnerable. Su retorno no es un acto de justicia poética, sino un desafío a la memoria de quienes sufrieron su negligencia política.
Es alarmante que Compromís y sus satélites celebren esta candidatura como si de una gesta se tratase. Ignoran que la Audiencia de Valencia ha ordenado abrir juicio oral contra ella, precisamente por el presunto encubrimiento de esos abusos. Presentarse a las urnas con el banquillo de los acusados en el horizonte es una falta de respeto flagrante a los ciudadanos de la tercera ciudad de España.
El silencio del PSOE ante esta deriva es el reflejo de una izquierda que antepone la supervivencia del bloque a la decencia. Sánchez y sus socios parecen cómodos conviviendo con figuras cuya labor institucional fue cuestionada por la propia justicia. Prefieren normalizar la impunidad política antes que exigir responsabilidades reales a quienes convirtieron la administración en un escudo personal.
Valencia merece una gestión centrada en sus problemas reales, no un escenario para la redención personal de una dirigente bajo sospecha. La capital del Turia no puede ser el premio de consolación para quien tuvo que dimitir arrastrada por la gravedad de unos hechos que conmocionaron a la opinión pública. La política no puede ser un refugio para quienes olvidaron su deber de socorro hacia los más débiles.
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