La Delegación del Gobierno en Cataluña, que dirige el PSC, permite que centenares de ayuntamientos incumplan la Ley de Banderas, y tienen que ser entidades cívicas, como Impulso Ciudadano, la que lleven a la Justicia estas vulneraciones de la legalidad.
Docenas de ayuntamientos del PSC – como el de Barcelona – apenan usan el español en rótulos y carteles, y piden requisitos de catalán desproporcionados para acceder a un empleo público. Y han de ser asociaciones como Convivencia Cívica Catalana los que lleven estos abusos ante la Justicia.
Si los socialistas son los primeros que no cumplen la ley, o no respetan los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes, ¿qué les impide aceptar los postulados de profundizar proponiendo medidas cada vez más del gusto del separatismo para conseguir sus votos? Nada, y van a seguir por esa vía, traicionando a sus votantes que aún creen que el PSC es un partido constitucionalista.
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