El sectarismo lingüístico vuelve a colonizar las fiestas populares en Cataluña, esta vez con la complicidad del PSC en el ámbito municipal. Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha hecho saltar las alarmas tras presentar alegaciones contra el nuevo reglamento de la ‘Fira del Bolet’ de Llagostera, consistorio que gobiernan Junts y los socialistas. La normativa local pretende convertir un evento tradicional en un laboratorio de ingeniería social donde el castellano simplemente no existe.
El polémico artículo 13.f) de la norma establece que los participantes deben rotular su parada y sus productos «como mínimo en catalán». Bajo esta fórmula de apariencia inofensiva se esconde una imposición que expulsa al español del espacio público. Los socialistas, que a menudo presumen de moderación, permiten que se trate la lengua común de todos los españoles como un idioma ajeno.
Ángel Escolano, presidente de CCC, ha sido tajante al calificar esta medida como un ejercicio de autoritarismo administrativo. No se trata de fomentar una lengua, sino de prohibir de facto la libertad de elección de los comerciantes. Es inadmisible que un ayuntamiento utilice un reglamento de ferias para levantar muros idiomáticos entre ciudadanos.
La gravedad del texto reside en que la obligación se extiende incluso al etiquetado de los productos vendidos en el mercado. Esta exigencia choca frontalmente con la ‘Ley de Política Lingüística’ vigente, que permite el uso de cualquier lengua oficial. El Ayuntamiento de Llagostera parece creerse por encima de la legislación autonómica y estatal.
Además de una vulneración de derechos civiles, esta norma supone una barrera económica injustificada para los productores de fuera de la región. Al exigir una rotulación específica, se dificulta el acceso al mercado de autónomos y pymes que no pueden costear cambios en su imagen. La libertad de mercado y la libre circulación de mercancías quedan supeditadas al capricho ideológico del consistorio.
Resulta paradójico que en una economía globalizada se persiga la presencia de una lengua que comparten 600 millones de personas. El reglamento de la ‘Fira del Bolet’ es un ejemplo más de cómo el nacionalismo utiliza las instituciones para crear una realidad paralela. Para CCC, esta «restricción encubierta» no supera el más mínimo control de proporcionalidad exigido por Europa.
El PSC, como actor clave en la política municipal catalana, suele mirar hacia otro lado cuando se vulnera la cooficialidad. Esta actitud pasiva ante la exclusión del castellano es lo que permite que normas ilegales lleguen a aprobarse inicialmente. La complicidad con las tesis separatistas en el ámbito lingüístico es una mancha constante en la gestión de los socialistas.
La entidad constitucionalista ya ha avisado de que no se quedará de brazos cruzados ante este atropello. Si el Ayuntamiento no rectifica y elimina la imposición de rotular solo en catalán, el caso terminará en los tribunales. El recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la siguiente parada de este conflicto.
Es necesario que las administraciones públicas entiendan que su función es servir al ciudadano, no reeducarlo lingüísticamente. La neutralidad de las instituciones es la base de una convivencia sana que el reglamento de Llagostera dinamita por completo. El castellano no puede ser una lengua tolerada, es una lengua oficial con pleno derecho de uso.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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