El despertar de los vecinos del barrio de la Torrassa, en L’Hospitalet de Llobregat, no ha podido ser más amargo este lunes. Alrededor de las seis y media de la mañana, el estruendo de cinco detonaciones rompió la calma de una zona castigada por la delincuencia. Los Mossos d’Esquadra, alertados por la ciudadanía, se desplazaron al lugar solo para confirmar lo que ya es una constante en el cinturón rojo: el uso de armas de fuego se está normalizando.
Cinco vainas en el suelo son el testimonio mudo de una violencia que el Gobierno de Salvador Illa parece incapaz de contener. Las patrullas desplegadas realizaron identificaciones en los alrededores, pero el daño a la sensación de seguridad ya estaba hecho. Aunque esta vez no hubo que lamentar víctimas ni heridos, el suceso no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad profunda.
La investigación apunta a que personas de origen dominicano estarían implicadas en este nuevo episodio de violencia armada. Este dato pone sobre la mesa, una vez más, el problema de las bandas y el control territorial en barrios periféricos que el PSC prefiere tratar con eufemismos. La realidad en las calles de L’Hospitalet dista mucho de los balances triunfalistas que se cocinan en los despachos oficiales de la Generalitat. El alcalde David Quirós se ha mostrado incapaz de detener la oleada de delincuencia que asola esta ciudad.
Resulta preocupante que la tensión por el uso de armas de fuego siga escalando sin una respuesta contundente por parte de Interior. Los ciudadanos asisten con estupor a una degradación de la convivencia que el actual Ejecutivo catalán intenta camuflar bajo una capa de gestión tecnocrática. Mientras tanto, las balas siguen silbando en las zonas donde la presencia del Estado se percibe más como un trámite que como una garantía.
El barrio de la Torrassa es el ejemplo perfecto de una Cataluña que se siente abandonada por sus gobernantes. La inseguridad no es una percepción subjetiva, como a veces sugieren desde las filas socialistas para quitarle hierro al asunto. Es una realidad tangible que se traduce en operativos policiales constantes y en el miedo de los padres al salir de casa por la mañana.
El PSC y el PSOE suelen presumir de políticas sociales, pero olvidan que la seguridad es el derecho social más básico de todos. Sin orden público, los barrios más humildes son los primeros en sufrir la ley del más fuerte. La inacción política en este ámbito solo sirve para que las mafias y los grupos violentos se sientan impunes en nuestro territorio.
No basta con desplegar patrullas después de que se hayan producido los disparos. La prevención y la inteligencia policial deben ir acompañadas de un discurso político claro que no titubee ante la criminalidad. Sin embargo, el Gobierno actual parece más cómodo en la retórica del diálogo que en la aplicación firme de la ley en las calles catalanas.
La creciente tensión por las armas de fuego en L’Hospitalet debería ser una señal de alarma máxima para el Palau de la Generalitat. No se puede permitir que municipios clave de Cataluña se conviertan en escenarios habituales de ajustes de cuentas o reyertas armadas. La complacencia con la que se analizan estos datos es, sencillamente, una falta de respeto a los ciudadanos que pagan sus impuestos.
La investigación de los Mossos sigue su curso, pero la responsabilidad política ya tiene nombre y apellidos. El modelo de seguridad de Salvador Illa está haciendo aguas en los puntos más sensibles de nuestra geografía urbana. Si la respuesta ante cinco disparos en plena calle es el silencio o la estadística creativa, el problema solo irá a más.
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