La paciencia de los usuarios de Rodalies se ha agotado, y la del Govern de Salvador Illa parece haber seguido el mismo camino, al menos de cara a la galería. Tras una semana de incidencias constantes que han paralizado la movilidad en Cataluña, el Ejecutivo autonómico ha decidido elevar el tono. La Generalitat ya no pide explicaciones, sino que exige responsabilidades inmediatas a los gestores ferroviarios estatales, que dependen del ministro Óscar Puente.
Este giro estratégico busca sacudirse la presión política que asfixia a la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La oposición ha encontrado en el colapso ferroviario un flanco débil para desgastar al nuevo gabinete socialista. Ante el aumento de las críticas por la gestión de la crisis, el Govern ha optado por señalar directamente a Renfe y Adif como únicos responsables del desaguisado.
La situación alcanzó un punto crítico este pasado fin de semana, marcado por una evidente falta de coordinación. La desconexión entre el equipo de Paneque y las operadoras obligó a intervenir al Ministerio de Transportes. El secretario de Estado, José Antonio Santano, tuvo que desplazarse de urgencia a Barcelona para intentar poner orden en un caos que amenazaba con desbordar la Generalitat.
Fuentes del Palau de la Generalitat han hecho pública la petición de dimisiones en un momento milimétricamente calculado. La exigencia se filtró mientras los presidentes de Adif y Renfe daban la cara ante los medios de comunicación. Se trata de un movimiento político agresivo que intenta desviar el foco de la gestión autonómica hacia los despachos de Madrid.
Sin embargo, la respuesta de los señalados no ha sido la esperada por el equipo de Salvador Illa. Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, y Álvaro Fernández Heredia, de Renfe, negaron haber recibido petición alguna de cese. Según su versión, nadie desde el Govern les ha solicitado formalmente que abandonen sus cargos a pesar de la gravedad de los hechos.
Los directivos de las empresas públicas prefirieron utilizar el manual clásico de la resistencia institucional. En su comparecencia, recalcaron que ahora el objetivo prioritario es restablecer la normalidad del servicio. Para los responsables del sistema ferroviario, el tiempo de las depuraciones políticas llegará solo cuando las vías dejen de dar problemas de forma sistemática.
Este cruce de declaraciones evidencia una preocupante brecha de comunicación entre administraciones del mismo color político. Mientras el PSC y el PSOE comparten siglas, la gestión del día a día en Rodalies está provocando las primeras grietas públicas. Illa necesita resultados tangibles para mantener su perfil de gestor eficaz frente a una ciudadanía harta de retrasos.
El problema de fondo sigue siendo la falta de inversión y el mal estado de una infraestructura que no soporta más parches. Cataluña vive atrapada en un bucle de averías que afecta a miles de trabajadores y estudiantes cada mañana. Las promesas de mejora se diluyen entre comunicados de prensa y peticiones de dimisión que, por ahora, no pasan de ser ruido mediático. Los socialistas no pueden desviar la atención porque controlan el poder estatal, autonómico y el local en las grandes ciudades catalanas.
La estrategia del Govern de señalar culpables externos puede servir para ganar tiempo, pero no soluciona el problema de las vías. Si las incidencias persisten, la figura de la consellera Paneque seguirá en el centro de la diana. La gestión de los servicios públicos es la verdadera prueba de fuego para un ejecutivo que prometió pasar página al conflicto político.
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