La Delegación del Gobierno en Cataluña, que dirige el PSC, permite que centenares de ayuntamientos incumplan la Ley de Banderas, y tienen que ser entidades cívicas, como Impulso Ciudadano, la que lleven a la Justicia estas vulneraciones de la legalidad.
Docenas de ayuntamientos del PSC – como el de Barcelona – apenan usan el español en rótulos y carteles, y piden requisitos de catalán desproporcionados para acceder a un empleo público. Y han de ser asociaciones como Convivencia Cívica Catalana los que lleven estos abusos ante la Justicia.
Si los socialistas son los primeros que no cumplen la ley, o no respetan los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes, nada impide a los partidos separatistas a seguir incrementando su ofensiva para intentar arrinconar al español como lengua de uso social. La realidad es la que es, y están fracasando en su intento de imponer el catalán, pero por el camino provocan mucho sufrimiento.
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