El chiringuito dirigido por el fugitivo Carles Puigdemont ha lanzado este pasado lunes una nueva campaña de objeción fiscal.
El Consell per la República ha vuelto a poner en el punto de mira a los objetivos favoritos siempre de los independentistas: la Casa Real Española, la Guardia Civil y la Policía Nacional, aparte de la justicia española. El chiringuito de Puigdemont tasa los gastos de estas estructuras en un total de 350 euros por contribuyente catalán.
La entidad comandada por el ex presidente de la Generalitat hace un llamamiento para que ese dinero vaya al Consell per la República «en el Fondo Republicano de Acción Solidaria que hemos impulsado desde el Consell per la República Catalana o a otra institución o entidad social que defienda y trabaje por los valores republicanos«.
La secretaria segunda del Parlament y miembro del Consell de la República, Aurora Madaula, ha reconocido que existe algún tipo de riesgo para los que lleven a cabo esta objeción fiscal, pero que no es muy importante «tiene riesgo mínimo para el que lo hace, y si lo hace mucha gente, tiene un gran impacto de desgaste del Estado«.
Foto: Consell per la República
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