
El presidente del Partido Popular Catalán, Xavier García Albiol, ha anunciado hoy que los concejales del PPC presentarán instancias en todos los ayuntamientos exigiendo a los alcaldes la retirada de esteladas y otros símbolos partidistas, en cumplimiento de la sentencia del TSJC que establece que “izar esteladas en espacios públicos o edificios oficiales supone privatizar estos espacios de uso común con un elemento partidistas que vulnera los principios de objetividad y neutralidad institucional que obligan a las corporaciones locales”.
Para García Albiol, “los espacios públicos son de todos y no se puede consentir que los independentistas hayan tomado las calles”.
En este sentido, ha advertido que, tras la presentación de las instancias, y en el caso de los alcaldes que hagan caso omiso a la sentencia del TSJC, el PPC optará en una segunda fase por presentar denuncias ante los tribunales.
Respecto a la comisión bilateral Estado-Generalitat que se celebrará mañana, el presidente del PPC ha lamentado que “Pedro Sánchez se preste a escenificar una reunión entre el Gobierno de España y el gobierno de la república catalana, incluyendo puntos inadmisibles en el orden del día de la reunión, cuando lo que tendría que hacer es cerrar la puerta a cuestiones como el referéndum o la situación de los políticos catalanes que están en la cárcel”.
“Parece que el guión de la reunión lo haya escrito Carles Puigdemont”, ha añadido.
Finalmente, García Albiol ha reclamado al Gobierno de PSOE que solucione el conflicto del sector del taxi: “Ya sabemos que a Pedro Sánchez no le afecta, porque se va en avión privado de concierto, pero debe garantizar los intereses del conjunto de los españoles”.
En este sentido, ha exigido el establecimiento de servicios mínimos porque “más allá de los derechos de los taxistas, que creemos que tienen una parte importante de razón en sus reclamaciones, no puede ser que las ciudades estén colapsadas y con su económica parada”.
Asimismo, el presidente del PPC ha recordado que “este conflicto proviene de una liberalización del sector desordenada llevada a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por Ada Colau, que asumió compromisos ante los taxistas que no podía cumplir”.

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